Durante la mañana del jueves se concretó en Villa Constitución un importante operativo para trasladar 30 detenidos que permanecían alojados en el Módulo de Detención Transitoria (MDT) de la Unidad Regional VI hacia establecimientos penitenciarios de la provincia de Santa Fe.

El procedimiento comenzó temprano, con la presentación del personal afectado a las 5.30, y demandó un amplio despliegue de las fuerzas policiales de la Unidad Regional VI. Participaron efectivos de la Agrupación Unidades de Orden Público (AUOP), personal del propio MDT, Comando Radioeléctrico, Brigada de Orden Urbano (BOU), Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) y Sección Motorizada. A ellos se le sumó personal del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP y del Servicio Penitenciario Provincial.

El operativo fue supervisado por la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, el director general del Régimen Correccional, subprefecto Darío Rossini, y los jefes y subjefes de la Unidad Regional VI, director de Policía Julio Schwindt y subdirector Ceferino Cuevas.

El dispositivo contempló la extracción de los 30 internos de las instalaciones del MDT para su posterior traslado hacia nuevos centros de detención de la provincia.

Una vez concretados los ingresos a las unidades penitenciarias correspondientes, se mantuvo la custodia de los trasladados durante el recorrido hasta finalizar el área jurisdiccional de Pavón, donde la posta fue entregada a efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II.

 

57 detenidos continúan alojados

Con la salida de los 30 internos, 57 personas continúan alojadas en el Módulo de Detención Transitoria de la Unidad Regional VI.

La cifra está compuesta por 50 hombres y 7 mujeres, por lo que, pese a la importante cantidad de derivaciones concretadas este jueves, la dependencia policial continúa concentrando un número considerable de personas privadas de su libertad.

 

“No vamos a tener el problema de detenciones crónicas”

El traslado realizado en Villa Constitución se inscribe en una estrategia provincial que ya había comenzado con procedimientos similares en otras localidades, entre ellas Rosario.

Durante los operativos anteriores, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, había explicado que el objetivo es terminar con una situación que durante años generó dificultades tanto para el sistema policial como para las propias personas detenidas.

 

“Ya no vamos a tener el problema de detenciones crónicas o de larga duración: personas que permanecían años en una comisaría e, incluso, cumplían allí una condena”, había señalado el funcionario.

Cococcioni sostuvo que el alojamiento permanente en dependencias policiales generaba además situaciones de conflicto que excedían la función propia de una comisaría.

Según había explicado, esa situación provocaba “protestas, desmanes, evasiones, motines y reclamos inherentes al alojamiento permanente”.

El ministro remarcó que las comisarías continuarán teniendo un papel fundamental en los primeros momentos posteriores a una detención, pero planteó un límite temporal para evitar que esas dependencias se transformen en establecimientos carcelarios.

En ese sentido, indicó que, una vez que la privación de libertad se consolida y transcurren 72 o 96 horas, la persona detenida debe ser trasladada al Servicio Penitenciario.

La definición adquiere particular relevancia en Villa Constitución, donde el MDT de la UR VI continúa funcionando como lugar de alojamiento de decenas de detenidos y donde el operativo de este jueves permitió liberar parte de esa capacidad.

 

Traslados semanales

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, había anticipado que los traslados hacia las unidades penitenciarias se realizarían de manera semanal y que el proceso continuaría en las distintas unidades regionales de la provincia donde exista una mayor concentración de detenidos.

La funcionaria sostuvo que la situación de las personas privadas de la libertad alojadas en comisarías constituye una preocupación particular para el Gobierno provincial, incluso por encima del nivel de ocupación del propio sistema penitenciario.

Masneri consideró que la sobrepoblación carcelaria es “mucho menos preocupante que la sobrepoblación en comisarías”, debido a que estas últimas no fueron diseñadas para funcionar como establecimientos penitenciarios.

En esa línea, sostuvo que el exceso de detenidos en dependencias policiales “no debe existir porque afecta directamente a la seguridad”.

El argumento central es que mientras los policías deben destinar recursos y personal al cuidado permanente de personas privadas de la libertad, dejan de concentrarse en las tareas para las cuales fueron asignados: prevención, patrullaje y respuesta ante situaciones de inseguridad.

 

Recreo, Piñero y Coronda

Los internos trasladados son distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios de acuerdo con su perfil criminológico y las disposiciones del Servicio Penitenciario.

 

Entre las unidades que reciben personas derivadas se encuentran los establecimientos de Recreo, Piñero y Coronda, y también pueden realizarse movimientos internos entre esas cárceles para optimizar la disponibilidad de plazas.

En ese marco, la inauguración de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo constituye una pieza importante dentro de la estrategia provincial. El establecimiento cuenta con 891 plazas, de las cuales 251 corresponden a mujeres y 640 a hombres.

La nueva infraestructura permite ampliar la capacidad del sistema penitenciario y avanzar en el traslado de detenidos que permanecen en comisarías y módulos de detención transitoria.

 

Un plan que continuará en los próximos años

Masneri también había señalado que el problema de los detenidos alojados en dependencias policiales se irá reduciendo con la incorporación de nuevas unidades.

En ese sentido, mencionó la futura inauguración de El Infierno, prevista para marzo de 2027, y de la Unidad Penitenciaria Nº 13, proyectada para junio de ese mismo año.

El Gobierno provincial sostiene que estas obras forman parte de un plan de infraestructura carcelaria que contempla la creación de más de 7.000 nuevas plazas durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Con las obras finalizadas, en ejecución y proyectadas, la capacidad de alojamiento del Servicio Penitenciario provincial superaría las 14.000 plazas.