En la última sesión del Honorable Concejo Municipal, el concejal Diego Martín (Unidos para Cambiar Santa Fe) presentó un proyecto de minuta de comunicación que pone el foco en una problemática creciente: la aparición de nuevas construcciones y ocupaciones de terrenos en diversos sectores de Villa Constitución. Según los fundamentos del proyecto, estas prácticas de subdivisión informal ya no son exclusivas de los barrios populares, sino que se han extendido a otras zonas de la ciudad.

Preocupación por la ocupación de terrenos

El legislador local advirtió que la falta de una respuesta estatal clara no solo vulnera derechos básicos de quienes ocupan, sino que también genera conflictos de convivencia vecinal y una degradación del entorno urbano debido a la falta de servicios adecuados. Ante esta situación, el Concejo busca determinar si estas acciones cuentan con algún tipo de consentimiento o si existe una omisión de control por parte de las áreas competentes.

Pedido de datos precisos

Para profundizar en la transparencia de la gestión territorial, la iniciativa parlamentaria solicita al Departamento Ejecutivo Municipal un relevamiento exhaustivo sobre las ocupaciones detectadas en los barrios San José, San Tiziano y Unión, entre otros puntos críticos. 

El pedido de informes exige precisar la cantidad estimada de nuevas viviendas o terrenos afectados, su ubicación exacta y la situación dominial de los predios, distinguiendo si se trata de propiedad pública o privada. Asimismo, se requiere conocer la fecha estimada de inicio de estas tomas, las intervenciones y actuaciones administrativas realizadas por las áreas de control, las acciones de asistencia o acompañamiento territorial llevadas adelante y si existió articulación con organismos de nivel provincial o nacional. Finalmente, el documento indaga sobre qué medidas preventivas se han adoptado o están previstas para evitar que proliferen nuevas ocupaciones irregulares en la ciudad.

Hacia un plan estratégico de hábitat

Más allá de la urgencia del control, el proyecto interpela al Municipio sobre la existencia de una estrategia a largo plazo para el acceso al suelo. "Es necesario conocer si se cuenta con un programa específico orientado a la integración socio-urbana o la regularización dominial", señala el documento ingresado.

En este sentido, los ediles exigen precisiones sobre los objetivos de gestión, la población destinataria y, fundamentalmente, cuáles son las fuentes de financiamiento previstas para dotar de infraestructura y servicios a las zonas en conflicto. Con este pedido de informes, se busca transparentar la gestión del suelo urbano y prevenir futuras ocupaciones mediante una oferta estatal planificada que garantice el derecho constitucional a una vivienda digna.