El viernes 5 de junio se desarrolló en los Tribunales Provinciales de Villa Constitución una nueva audiencia imputativa en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación.

Durante la audiencia, el fiscal Ramiro Martínez atribuyó nuevos hechos a una mujer identificada como P.A., de 32 años, y a un hombre identificado como U.A., de 26 años, quienes ya habían sido imputados con anterioridad dentro de la misma causa.

La investigación los ubica como presuntos coautores del delito de comercialización de estupefacientes, una calificación más gravosa que la atribuida inicialmente cuando fueron imputados en noviembre del año pasado.

La jueza de Primera Instancia, Dra. Marisol Usandizaga, tuvo por formalizada la audiencia y resolvió hacer lugar al pedido formulado por la Fiscalía, disponiendo la prisión preventiva efectiva para ambos imputados hasta la realización de la audiencia preliminar.

Una actividad sostenida durante varios meses

De acuerdo con lo atribuido por el Fiscal, entre el 28 de marzo y el 14 de noviembre de 2025 los acusados habrían intervenido de manera coordinada y sostenida en actividades vinculadas a la comercialización de estupefacientes en distintos sectores del barrio Luzuriaga.

Según expuso la Fiscalía, la investigación se sustentó en tareas de vigilancia, observación y seguimiento realizadas por personal policial, además de pericias de análisis digital forense efectuadas sobre teléfonos celulares secuestrados durante la pesquisa.

En ese contexto, se les atribuye haber participado en el almacenamiento, fraccionamiento, distribución y entrega de sustancias estupefacientes a terceros.

Los puntos de venta investigados

La acusación sostiene que los imputados habrían utilizado distintos domicilios y sectores del barrio como centros de operación para la comercialización de drogas.

Entre los lugares señalados por la investigación figuran viviendas ubicadas sobre calle Tello al 4700, Luzuriaga al 1900 y Juana Ríos al 4900, además de una zona de campos ubicada en el mismo barrio.

Según la hipótesis fiscal, en esos lugares se observaba el ingreso frecuente de compradores que permanecían durante breves lapsos y luego se retiraban con envoltorios de pequeñas dimensiones que contendrían material estupefaciente.

Asimismo, se les atribuye haber realizado tareas de vigilancia en el exterior de los inmuebles para detectar eventuales controles policiales y coordinar el abastecimiento de sustancias con otras personas vinculadas a la maniobra y radicadas en distintos domicilios de la ciudad.

Ya habían sido imputados en noviembre de 2025

La causa tuvo una instancia anterior el 18 de noviembre de 2025, cuando P.A. y U.A. fueron imputados por el mismo delito, aunque en aquella oportunidad bajo la figura de partícipes primarios.

En esa audiencia se dispuso una medida no privativa de la libertad, que incluía la obligación de presentarse dos veces por semana ante la Oficina de Gestión Judicial de Villa Constitución durante un plazo de 90 días.

Con el avance de la investigación y la incorporación de nuevas evidencias, la Fiscalía reformuló la imputación y solicitó una medida cautelar más severa, pedido que finalmente fue aceptado por la magistrada interviniente.

Dos condenas abreviadas dentro de la misma investigación

La investigación ya había derivado anteriormente en condenas contra otras personas vinculadas al expediente.

El 6 de abril de 2026 fue condenado mediante un procedimiento abreviado Osmar Zabala, quien reconoció su participación como partícipe secundario en la comercialización de estupefacientes. Como resultado del acuerdo, recibió una pena de tres años de ejecución condicional y reglas de conducta.

Dos días después, el 8 de abril de 2026, también fue condenado mediante juicio abreviado Kevin Zabala, igualmente considerado partícipe secundario en las maniobras investigadas. En su caso se impuso una pena de tres años de ejecución condicional, acompañada de reglas de conducta.

Con la prisión preventiva de los dos principales imputados, la causa continúa avanzando hacia las próximas etapas procesales, mientras la Fiscalía sostiene que logró reunir elementos suficientes para acreditar la existencia de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en barrio Luzuriaga.