En una audiencia realizada la semana pasada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de Rosario, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó prisión perpetua para dos exdirectivos de la empresa Acindar S.A. por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión contra trabajadores metalúrgicos y ferroviarios en Villa Constitución, a partir del 20 de marzo de 1975. La causa, conocida como “El Villazo”, investiga los secuestros, torturas y homicidios de 57 personas, muchas de ellas vinculadas a la Seccional local de la UOM y a la Lista Marrón, recientemente ganadora de las elecciones gremiales en aquel momento.

El alegato fue encabezado por el fiscal general Adolfo Villatte, titular de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad del Distrito Rosario, junto a los auxiliares fiscales Juan Patricio Murray y Álvaro Baella. Además de las perpetuas solicitadas para los exdirectivos Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo, se pidieron penas que van de los 10 a los 25 años de prisión para 15 exmiembros de la Policía Federal Argentina y uno de la Policía provincial.

Pellegrini y Torralvo, quienes ocupaban cargos jerárquicos en Acindar, fueron acusados de ocho homicidios agravados, 29 privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos, además de integrar una asociación ilícita. Para el ex policía federal Roberto Álvarez y el exagente de la Guardia Rural “Los Pumas” Amadeo Chamorro, se pidió 25 años de prisión por decenas de privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados. También se solicitaron penas similares para otros once exfederales.

El MPF reclamó 16 años para Aníbal Lozano Windus (por hechos contra 4 víctimas) y 14 años para Oscar Roberto Giai (por hechos contra 2 víctimas), mientras que Horacio Miguel Nardi y Juan De Jesús Martínez enfrentan pedidos de 10 años de prisión cada uno. Todos fueron señalados como integrantes de una asociación ilícita y partícipes en la aplicación de tormentos.

Más allá de las penas

Además, los fiscales exigieron que las penas se cumplan en cárceles comunes, que los condenados sean detenidos de inmediato y que se declare la inconstitucionalidad de los decretos 1368/74, 2717/75, 642/76 y de la ley 21.449, normativas que sirvieron como marco legal para justificar la represión ilegal en la época.

Como parte de las reparaciones simbólicas, el MPF solicitó que el veredicto sea publicado en los medios de mayor circulación de Villa Constitución, y que se señalicen como Centros Clandestinos de Detención los edificios de la Jefatura de Policía local, la Delegación Rosario de la PFA y Prefectura Naval Rosario, prohibiendo su modificación. También se pidió que las empresas Acindar, Metcon, Wobrom, Villber y Marathon SA, o sus continuadoras, dejen constancia en los legajos de sus extrabajadores desaparecidos que su ausencia fue producto de la represión y no de abandono voluntario.

Otras fuerzas

Por último, se reclamó que el tribunal declare como probada la participación del Ejército Argentino, Prefectura Naval Argentina y la organización parapolicial Triple A en los crímenes investigados. El juicio continuará este mes con los alegatos del resto de las partes, y se espera que el veredicto se conozca en septiembre.