El dirigente social Néstor Roque Frangolini, referente del Movimiento Libres del Sur en San Nicolás, fue procesado por la Justicia Federal por el delito de extorsión. La acusación sostiene que exigía pagos a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a cambio de permitirles continuar cobrando el plan, bajo amenazas directas de darles de baja si no cumplían con los aportes o si no asistían a marchas y movilizaciones del espacio político que representaba.

La medida fue dictada por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien consideró acreditado que Frangolini cobró dinero de forma indebida a 26 personas, vulnerando su libertad con “amenazas intimidatorias” y utilizando su posición de poder dentro de la organización social.

El procesamiento, que quedó firme la semana pasada, fue resuelto sin prisión preventiva, pero incluye la prohibición de salida del país para el imputado y la inhibición general de sus bienes.

Una nota periodística

El caso se originó a partir de una denuncia realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), tras la publicación de una nota periodística en el diario Clarín el 30 de enero de 2024. El artículo revelaba presuntas maniobras irregulares en la gestión del Potenciar Trabajo en San Nicolás, y mencionaba directamente a Frangolini.

El periodista Tomás Díaz Cueto, autor del informe, también aportó información clave a la causa: en redes sociales había publicado capturas de chats de WhatsApp donde se evidenciaban los mensajes intimidatorios del dirigente social. En uno de ellos, Frangolini advertía: “Vamos a proceder a las bajas así no le causa gracia a nadie”.

La investigación quedó en manos del fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, quien coordinó una serie de diligencias que incluyeron declaraciones testimoniales, análisis de movimientos bancarios, y recolección de pruebas digitales que respaldaron la imputación.

Cobros en efectivo

El relevamiento de pruebas permitió constatar que Frangolini recibía aportes de forma periódica, tanto a través de transferencias bancarias como en efectivo durante reuniones organizadas por la agrupación. En enero de 2024, se registraron 110 transferencias hacia su cuenta bancaria personal, por un total acumulado de 1.100.000 pesos, cifra que luego fue retirada por ventanilla.

Una de las damnificadas aportó seis comprobantes de transferencias, con montos que iban desde los \$1.000 hasta los \$13.200. Otra víctima entregó capturas de pantalla con los datos bancarios donde debía enviar el dinero, y declaró que posteriormente le exigieron que los pagos se hicieran en mano.

Según el juez, estas acciones fueron "determinadas coactivamente" por Frangolini, quien ejercía presión sobre los beneficiarios del plan al amenazarlos con ser excluidos si no cumplían con sus exigencias. Además, varios testigos relataron que también eran obligados a participar en actos políticos, marchas y tareas proselitistas, incluso en la fiscalización de las elecciones nacionales de 2023.

Financiamiento informal y coercitivo

En su descargo, Frangolini aseguró que los aportes eran voluntarios y estaban destinados a sostener actividades comunitarias impulsadas por la organización Libres del Sur. Presentó una planilla con los nombres de los 26 beneficiarios que habrían firmado un compromiso con ese fin, y calificó la denuncia como una maniobra de persecución política.

Sin embargo, el juez Villafuerte Ruzo consideró que la supuesta voluntad de colaboración “no fue tal”, y que el temor a perder un ingreso fundamental para la subsistencia determinó la conducta de las víctimas. “Se vislumbra la finalidad patrimonial perseguida, así como también la incidencia ejercida por sus amenazas en el comportamiento de los beneficiarios de los planes”, afirmó en su resolución.

Además, el magistrado señaló que no hay pruebas suficientes que acrediten que el dinero fue destinado efectivamente a comedores o actividades sociales, y agregó: “Aun si ese hubiera sido el destino, la conducta igualmente resulta antijurídica por la forma en que se obtuvo”.

Extorsión reiterada 

La imputación formulada por el Ministerio Público Fiscal abarca 26 hechos de extorsión cometidos entre el 11 de abril de 2023 y el 9 de enero de 2024. Según el cálculo de los fiscales, Frangolini percibió al menos \$721.705 en concepto de “aportes” recaudados bajo presión.

Por estos hechos, el juez Villafuerte Ruzo dictó el procesamiento del dirigente, sin prisión preventiva, pero con severas restricciones. La resolución incluye la prohibición de salida del país y la inhibición general de sus bienes, en una causa que continúa en etapa de instrucción.

La Justicia investiga ahora si hay más víctimas en circunstancias similares y si otros referentes sociales participaron o permitieron estas prácticas dentro del programa Potenciar Trabajo.