La Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, solicitó la elevación a juicio oral de una causa en la que 14 personas están acusadas de integrar una organización narcocriminal con conexiones en Bolivia, Perú y Paraguay.

La pesquisa se inició en mayo de 2022 tras el hallazgo de una avioneta siniestrada y abandonada en una finca rural de El Socorro, partido de Pergamino. Para la fiscalía, la aeronave presentaba características compatibles con un “narcovuelo”, lo que dio origen a una investigación que derivó en la identificación de una estructura dedicada al transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de cocaína en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El presunto líder de la organización, un ciudadano peruano conocido como “Piedrita”, permanece prófugo con orden de captura vigente.

De la avioneta en El Socorro al Barrio Mugica

A partir del hallazgo de la aeronave, la investigación —que contó con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias— avanzó con tareas de campo e intervenciones telefónicas realizadas por Gendarmería Nacional.

Las medidas permitieron reconstruir la estructura del grupo y detectar su base operativa en el Barrio Padre Mugica de la Ciudad de Buenos Aires. Según el requerimiento fiscal, la organización no solo traficaba cocaína sino que además producía drogas sintéticas y lavaba el dinero obtenido mediante el circuito financiero informal del microcentro porteño.

Roles diferenciados dentro de la estructura

De acuerdo con la acusación, la organización operaba con distintos niveles de jerarquía. Tres de los imputados tenían a su cargo la logística general, incluyendo el traslado de grandes cargamentos y el manejo del dinero.

El contrabando internacional habría sido realizado por dos ciudadanos bolivianos encargados de ingresar la droga al país. Uno de ellos fue detenido tras transportar 60 cápsulas de cocaína ingeridas en su estómago, en un viaje en ómnibus desde Bolivia hasta la terminal de Liniers.

El almacenamiento se realizaba en un taller mecánico de Villa Celina, partido de La Matanza, donde —según la fiscalía— se acondicionaban vehículos con doble fondo en los guardabarros para ocultar el estupefaciente.

En el último eslabón, otros cinco acusados se ocupaban de la distribución y venta al menudeo en distintos puntos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Lavado en cuevas financieras

La investigación determinó que el dinero proveniente de la comercialización no ingresaba al sistema bancario formal. Parte de los imputados fue filmada ingresando a “cuevas” financieras de la calle Lavalle con mochilas que luego salían visiblemente más livianas o más cargadas, en maniobras compatibles con el intercambio de droga por divisas.

En ese contexto, se les imputa además el delito de lavado de activos por convertir el producido de la venta en moneda extranjera.

Mensajes cifrados y prueba clave

La acusación se sustenta en escuchas telefónicas, seguimientos y elementos incautados en los allanamientos. Entre las pruebas destacadas figuran mensajes en lenguaje cifrado. En uno de ellos, el presunto líder escribió: “Buenos días primo, ahí llega los blanco” (sic), interpretación que la fiscalía vinculó con la llegada de un cargamento de cocaína.

También se registraron conflictos internos tras un enfrentamiento armado en General Rodríguez, donde el cabecilla se quejaba por el robo de mercadería.

En el taller mecánico se secuestraron 30 chapones semicirculares diseñados para funcionar como doble fondo, además de 13 balanzas de precisión y anotaciones con nombres, direcciones y montos de dinero.

Allanamientos y secuestros millonarios

El 22 de junio de 2023 se realizaron 20 allanamientos simultáneos en los que se incautaron más de 16 kilos de cocaína —entre cápsulas y ladrillos con la marca del delfín—, diez automóviles, más de 43 millones de pesos, 153 mil dólares y sumas menores en otras monedas extranjeras.

Los peritajes confirmaron que la sustancia era clorhidrato de cocaína con una concentración de hasta el 63,88%. Durante los procedimientos también se secuestró una pistola calibre 9 milímetros con pedido de secuestro y cientos de municiones.

En el requerimiento presentado el 3 de febrero pasado, la fiscalía atribuyó a los 14 imputados el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. A la mayoría también se les imputó contrabando, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.

Con el pedido de elevación a juicio oral, la causa ingresa ahora en una nueva etapa procesal, mientras el presunto jefe de la organización continúa prófugo.