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Otorgaron la libertad bajo fianza a uno de los detenidos por Prefectura en barrio Libertad

La medida fue resuelta el lunes. Se trata de una de las personas detenidas en los allanamientos realizados en 2025 por el ataque a una lancha policial y a infracciones a la Ley de Estupefacientes.

En una audiencia realizada el lunes en los Tribunales villenses la Justicia resolvió otorgar la libertad bajo fianza a uno de los imputados en la causa que se originó tras el ataque armado a una lancha policial de Entre Ríos en riachos internos frente a la ciudad. 

La decisión fue adoptada durante una audiencia celebrada el lunes 12 de enero de 2026, en la sede de la Oficina de Gestión Judicial del Distrito 14, donde se analizó la situación procesal de Rodrigo C., uno de los detenidos en el marco de la investigación por infracción a la Ley 23.737 de comercialización de estupefacientes, derivada de los allanamientos realizados por Prefectura Naval Argentina en el barrio Libertad.

 

Una causa que se remonta a 2025

El expediente tiene su origen en los procedimientos llevados adelante a principios de noviembre de 2025, cuando Prefectura concretó tres allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en la franja costera comprendida entre el Puerto del Cabotaje y el Club Náutico Villa Constitución.

Aquellos operativos se enmarcaron en una investigación del Ministerio Público de la Acusación y surgieron como derivación directa del ataque a balazos contra una patrulla policial fluvial, ocurrido a mediados de octubre de ese año, cuando una lancha de la Comisaría Tercera de Islas de Victoria recibió al menos quince disparos desde dos embarcaciones con ocupantes encapuchados.

Si bien no se registraron heridos, el hecho derivó en un amplio despliegue terrestre, aéreo y fluvial en ambas márgenes del río Paraná y dio lugar a una compleja causa judicial que incluyó delitos vinculados al narcotráfico y al uso de armas.

 

Drogas, armas y embarcaciones secuestradas

Durante los allanamientos realizados en barrio Libertad, los efectivos federales secuestraron más de 450 gramos de estupefacientes, fraccionados en distintas dosis, además de balanzas de precisión, elementos para el cultivo y procesamiento de droga, armas blancas, una carabina calibre 22 con municiones, un motovehículo con pedido de secuestro y una embarcación con motor fuera de borda, cuya presencia fue considerada clave para la investigación del ataque fluvial.

 

Como resultado de esos procedimientos, tres personas fueron detenidas, quedando a disposición de la Justicia, mientras se avanzaba en la investigación de los distintos hechos conexos.

 

La audiencia y la resolución judicial

En la audiencia realizada el lunes, el defensor del imputado, Dr. Maximiliano Rupani, solicitó una medida alternativa a la prisión preventiva, argumentando la existencia de nuevos elementos desde la audiencia imputativa. La Fiscalía, por su parte, sostuvo la vigencia de la imputación y requirió que se mantuviera la detención, señalando que aún persistían riesgos procesales y que la investigación seguía en curso.

“Lo que se le había imputado era una tenencia (de estupefacientes) con fines de comercialización. La calificación, más allá de ser provisoria, no daba cuenta de la comercialización por los elementos que se tenía hasta el momento, si de un a tenencia simple, eventualmente, que tiene mucho menos pena”, resumió Rupani.

Tras escuchar a las partes, la jueza interviniente, Dra. Mariel Minetti, resolvió mantener la calificación legal provisoria, pero dispuso conceder la libertad bajo fianza al imputado Rodrigo Contreras, bajo una serie de condiciones estrictas, entre ellas la constitución de una caución económica de 500.000 pesos, la fijación de domicilio, la firma semanal ante la Oficina de Gestión Judicial de Villa Constitución y el cumplimiento de las restricciones impuestas hasta la audiencia preliminar.

 

La causa continúa en trámite

Pese a esta resolución, desde el ámbito judicial se aclaró que la causa continúa su curso, tanto en lo referido a la investigación por estupefacientes como a las responsabilidades penales vinculadas al ataque a la patrulla policial ocurrido en 2015.

El expediente sigue bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, a la espera de nuevas instancias procesales que permitan avanzar hacia la etapa preliminar y la definición de las responsabilidades penales de los imputados.

 

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