El Municipio de Villa Constitución endurece los controles sobre quienes depositan basura fuera de los circuitos autorizados. Los jueces de Faltas Javier Garceche y Viviana Romo Cuesta detallaron en conferencia de prensa el procedimiento sancionatorio, las garantías de defensa y el monto de las multas, que podrán alcanzar los 400 mil pesos.

 “Se viene observando, en una gran mayoría, un comportamiento adecuado, pero también algunos casos importantes de personas que, en una actitud antisocial, dejan los residuos fuera de los procedimientos conocidos por la gran mayoría”, explicó Garceche. El funcionario remarcó que esa conducta “afea la ciudad y trae falta de higiene”, motivo por el cual el Intendente pidió actuar con firmeza: “La idea es ir duro y fuerte contra esa persona”, sostuvo.

Para Garceche, el arrojo irregular de basura excede lo estético: “Es una conducta antisocial porque rompe el contrato social. Una gran mayoría de la gente cumple en pos del bien común, que es la higiene, el orden y la limpieza, y eso no lo vamos a tolerar”.

Multas desde 380 mil pesos para arriba

Consultada por el monto de las sanciones, Romo Cuesta precisó los valores previstos en el Código de Faltas: “Tenemos previsto como sanción a este tipo de hechos desde 150 unidades fijas, que son aproximadamente entre 380 y 400 mil pesos, de ahí para arriba”, explicó, aunque aclaró que el juez conserva la facultad de apercibir en la primera falta.

La jueza detalló que el pedido de mayor rigurosidad surgió a partir de reclamos de vecinos en las redes sociales, que denunciaron acumulación de residuos en espacios públicos como el paseo de calle 14 de Febrero, la Plaza de las Dos Manos y el barrio Domingo Troilo, donde un contenedor comunitario termina desbordado por vecinos de otros sectores.

Cámaras de seguridad para identificar infractores

Uno de los mayores desafíos, coincidieron ambos jueces, es identificar a los responsables. “El tema es que básicamente no lo van a hacer en el barrio en el que viven: llevan los residuos a otro barrio”, señaló Garceche, quien confirmó que el Municipio dispone de un sistema de cámaras que será utilizado como prueba. También se avanza en un proyecto de ordenanza que regule su uso como herramienta de identificación, cuidando el derecho a la intimidad de las personas.

Todas las garantías de defensa

Ambos funcionarios insistieron en que el procedimiento respetará el debido proceso. “Aquel que detectemos va a ser citado y va a tener derecho a defenderse, pero también tiene que saber que va a haber evidencia en su contra”, afirmó Garceche. En la misma línea, Romo Cuesta remarcó: “El procedimiento va a cumplir con todas las garantías de defensa y con todos los derechos que tiene la persona”.

El proceso puede iniciarse por un acta de infracción labrada por un inspector, por denuncia de un vecino ante la mesa de entradas del juzgado, o de oficio, cuando el propio juez detecta la infracción. “Si algún vecino sabe quién comete este tipo de infracciones, puede hacer la denuncia”, indicaron.

Un servicio que pocas ciudades ofrecen

Los jueces remarcaron que la decisión de endurecer los controles se apoya en que el Municipio ya garantiza un sistema de recolección eficiente. “Somos una de las pocas ciudades de la región que tiene el servicio de chatín. Vayan a San Nicolás o a cualquier otra ciudad: no lo tienen”, comparó Garceche, en referencia al operativo gratuito de recolección de montículos, ramas y bultos que el propio Municipio solventa, además del sistema habitual de recolección domiciliaria y del retiro de escombros mediante volquetes.

“No somos una ciudad con grandes problemas de escombros, y la gente que cumple con las normas también recibe flexibilidad de nuestra parte, porque está dentro del contrato social”, agregaron los jueces, quienes remarcaron que, además de la sanción económica, quienes incurran en esta infracción quedarán expuestos socialmente: “Más allá de la pena, que va a ser rigurosa, también hay una exposición social muy poderosa”, cerró Garceche.