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Monti cuestionó la imputación a los despedidos

El secretario general del SEC calificó de “una barbaridad” la denuncia penal contra cinco trabajadores y sostuvo que la desesperación por los despidos y la falta de pago debe ser contemplada.

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Fulvio Monti, cuestionó la imputación penal contra cinco trabajadores despedidos de Gentec y Plantium por el bloqueo de los accesos a la planta y reclamó que la situación social y económica que atraviesan los empleados sea contemplada en el abordaje judicial del conflicto.

“La verdad que una barbaridad”, expresó Monti, quien estuvo presente en Tribunales acompañando a los trabajadores durante la audiencia. Sostuvo que el gremio pretende intervenir en el proceso y hacer conocer su posición ante la Fiscalía y el juzgado.

El dirigente consideró que la reacción de los empleados debe analizarse en el contexto de los despidos y la falta de pago de las obligaciones laborales. “Es normal que la gente se enoje, es normal que la gente se desespere, pretenda tomar medidas”, señaló, y calificó como “una vergüenza total” la situación que atraviesan.

 

Tres frentes para el conflicto

Monti explicó que, tras conocerse que Gentec y Plantium ingresaron en un concurso preventivo de acreedores, el conflicto debe abordarse en tres instancias: la gremial, la administrativa ante el Ministerio de Trabajo y las acciones jurídicas individuales que corresponden a cada trabajador.

El sindicalista cuestionó que la empresa cancelara una reunión prevista en el ámbito ministerial, en la que buscaban avanzar sobre documentación salarial y la identificación de las deudas con cada uno de los despedidos. Según afirmó, la decisión fue una “tomada de pelo”, porque la firma ya conocía su situación concursal.

El SEC, adelantó, solicitará una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo para intentar destrabar las cuestiones pendientes y sostener la negociación.

 

Las indemnizaciones y el concurso preventivo

En relación con el concurso preventivo, Monti sostuvo que, en principio, no representa un mayor riesgo para el cobro de las indemnizaciones, aunque advirtió que un eventual escenario de quiebra modificaría sustancialmente la situación.

Explicó que ahora deberán esperar la designación del síndico, quien tendrá a su cargo intervenir en el proceso de verificación de las deudas y permitirá conocer con mayor precisión cómo la empresa afrontará sus compromisos, entre ellos las indemnizaciones de los trabajadores despedidos.

 

“No se puede aislar la situación de la gente”

Respecto de la causa penal, Monti adelantó que el sindicato buscará reunirse con el abogado que interviene y gestionar la posibilidad de expresar su posición ante la fiscalía y la jueza.

“No se pueden aislar y ponernos solamente en un marco legal”, afirmó, al plantear que la situación de los trabajadores debe ser considerada en el contexto de la pérdida repentina de sus ingresos y las dificultades para sostener a sus familias.

El dirigente insistió en que el reclamo por las indemnizaciones y las obligaciones incumplidas por la empresa también debe ser atendido y pidió que la intervención judicial permita encauzar el conflicto sin profundizar la situación de los despedidos.

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