El jueves 23 de abril de 2026 se desarrolló en los Tribunales Provinciales de Villa Constitución una extensa audiencia imputativa en el marco de una investigación por microtráfico de estupefacientes, corrupción policial y extorsión que tiene como epicentro a la localidad de Empalme Villa Constitución.

El juez de Primera Instancia Ignacio Vacca tuvo por formalizada la imputación presentada por el fiscal Franco Carbone, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, contra nueve personas acusadas de integrar una organización delictiva con roles definidos y funcionamiento sostenido en el tiempo.

Entre los imputados se encuentra el jefe de la Comisaría 5ª de Empalme, a quien se le atribuyen los delitos de comercio organizado de estupefacientes en calidad de coautor, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo, extorsión y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. También fueron imputados otros ocho involucrados, acusados como coautores o partícipes de la estructura.

El magistrado dispuso la prisión preventiva efectiva para la mayoría de los acusados hasta el 31 de julio de 2026. En uno de los casos se ordenó la prisión domiciliaria hasta esa fecha, mientras que otro imputado permanecerá detenido hasta el 19 de mayo.

Una organización que operó durante más de un año
Según la acusación fiscal, la organización delictiva operó entre noviembre de 2024 y el 17 de abril de 2026, cuando se llevaron adelante 16 allanamientos simultáneos que derivaron en las detenciones. La banda se dedicaba a la comercialización de cocaína y marihuana bajo la modalidad de microtráfico, con abastecimiento desde la ciudad de Rosario.

La estructura estaba encabezada por uno de los imputados, sindicado como líder y nexo operativo, quien coordinaba las maniobras con el resto de los integrantes y mantenía contacto directo con el jefe policial. Los encuentros entre ambos se realizaban en horarios nocturnos y en lugares aislados, donde —según la investigación— se acordaban pagos, se compartía información sensible y se planificaban estrategias para sostener la actividad ilícita.

Dentro de la organización, algunos miembros se encargaban de la distribución de la droga, otros de la logística y el traslado, mientras que una imputada cumplía un rol central en la administración del dinero, gestionando cuentas y realizando transferencias con conocimiento del origen ilícito de los fondos.

También se identificó a un grupo familiar que operaba como punto de venta en Empalme, participando activamente en la comercialización y en tareas operativas, incluyendo intimidaciones a vecinos.

El rol clave del jefe policial
Uno de los ejes más graves de la investigación es la presunta connivencia del jefe de la Comisaría 5ª, quien —según el fiscal— habría desempeñado un papel fundamental para garantizar el funcionamiento de la organización.

La imputación sostiene que el funcionario actuó de manera deliberada y sostenida, facilitando la actividad ilícita mediante conductas activas y omisivas. Entre ellas, brindar protección policial a cambio de dinero, entorpecer investigaciones, advertir sobre posibles allanamientos, filtrar información reservada y omitir intervenciones que le correspondían por su cargo.

Incluso se indicó que adoptaba medidas para evitar ser detectado, como apagar su teléfono celular para no dejar rastros de geolocalización. En este contexto, también se le atribuye haber recibido sumas de dinero y la promesa de pagos adicionales a cambio de garantizar impunidad.

Durante uno de los allanamientos realizados en su domicilio, personal de Asuntos Internos secuestró un revólver calibre .32 marca Smith & Wesson que no contaba con la debida autorización legal.

Extorsión al presidente comunal
La causa incluye además un capítulo de extorsión contra el presidente comunal de Empalme. Según la investigación, el jefe policial habría instado a integrantes de la organización a exigir dinero bajo amenazas de difundir información comprometedora y generar perjuicios políticos.

Uno de los imputados fue el encargado de abordar a la víctima a la salida de la sede comunal, transmitiendo un mensaje intimidatorio y exigiendo inicialmente una suma cercana al millón y medio de pesos. La presión incluía advertencias sobre posibles daños a su imagen pública y a su entorno familiar.

Como consecuencia de estas maniobras, y ante el temor generado, la víctima realizó una transferencia de 100 mil pesos en noviembre de 2025 a una cuenta vinculada a la organización. Sin embargo, las exigencias continuaron posteriormente, aunque no se concretaron nuevos pagos.

Pruebas contundentes: pericias, denuncias y un audio clave
Entre las principales evidencias presentadas por la Fiscalía se destacan numerosas denuncias de vecinos, llamados al 911 y tareas investigativas que daban cuenta tanto de la venta de estupefacientes como de la presunta connivencia policial.

Un elemento central fue el análisis del teléfono celular de una de las imputadas, que permitió reconstruir comunicaciones, movimientos de dinero y vínculos entre los integrantes de la organización.

A ello se suma un audio considerado clave: una grabación en la que uno de los líderes registra un encuentro con el jefe policial al momento de entregarle dinero. En esa conversación no solo se abordan cuestiones vinculadas al narcotráfico, sino también instrucciones para llevar adelante maniobras extorsivas.

El material también revela advertencias sobre investigaciones en curso, posibles intervenciones telefónicas y domicilios bajo vigilancia, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada con protección interna.

Allanamientos y secuestros
Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la Unidad de Asuntos Internos y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), e incluyeron la propia sede de la Comisaría 5ª.

Durante los allanamientos se secuestraron aproximadamente 11 kilos de marihuana —entre plantas y material en proceso de secado y fraccionamiento—, cocaína, balanzas de precisión, material de corte, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y documentación considerada relevante para la causa.

La investigación continúa en curso, con los imputados bajo prisión preventiva y a la espera de nuevas instancias judiciales que definirán su situación procesal.