Durante el período de receso del Concejo Municipal —en el que sólo pueden convocarse sesiones extraordinarias o autoconvocadas— ingresó esta semana un proyecto de ordenanza presentado por los concejales del bloque La Libertad Avanza, Matías Tomasi y Marianela De los Santos, que propone modificar de manera sustancial el régimen de remuneraciones de la dirigencia política local.

La iniciativa plantea la desvinculación total y definitiva de las dietas de los concejales y de las remuneraciones de los funcionarios políticos respecto de los aumentos salariales otorgados al personal municipal, además del congelamiento de esos ingresos durante la totalidad del mandato constitucional, es decir, por cuatro años.

Qué propone la iniciativa

El proyecto apunta a derogar la Ordenanza N.º 3277/2006, norma que estableció un mecanismo de actualización automática y proporcional entre los aumentos salariales del personal municipal y los haberes de concejales y funcionarios políticos.

Según los autores, los incrementos obtenidos a través de acuerdos paritarios tienen como finalidad exclusiva preservar el poder adquisitivo de los trabajadores municipales y no deberían trasladarse de manera automática a la dirigencia política, a la que califican como beneficiaria de un sistema de “privilegios automáticos” incompatible con los principios de austeridad, equidad y transparencia.

En ese marco, la propuesta establece que durante cuatro años no podrán otorgarse aumentos, adicionales, compensaciones, gastos de representación ni ningún otro concepto que implique un incremento directo o indirecto de los ingresos políticos, tanto en el Concejo Municipal como en el Departamento Ejecutivo.

El trasfondo político del debate

Si bien el proyecto se presenta bajo el argumento de la austeridad y el ejemplo institucional, su ingreso reaviva un debate de fondo sobre el valor del trabajo político, la profesionalización de la función pública y el mensaje que se transmite a la ciudadanía.

El espíritu de la ordenanza vigente fue, en su momento, diferenciar a la política local de los legisladores nacionales y provinciales, quienes suelen definir discrecionalmente sus dietas, estableciendo un esquema automático que evitara decisiones arbitrarias y desligadas de la realidad económica local.

En contraste, la iniciativa de La Libertad Avanza parece inscribirse en una lógica distinta, más cercana al discurso anticasta y al descrédito de la política, un eje recurrente del espacio a nivel nacional.

Interrogantes sin respuesta

Uno de los principales cuestionamientos que abre el proyecto es su impacto en la representatividad democrática. ¿Qué ocurriría con una persona que desea postularse como concejal y debe abandonar su trabajo durante el período de gestión? ¿Cómo podría sostenerse económicamente con un ingreso congelado durante cuatro años en un contexto inflacionario?

Estos interrogantes ponen en discusión si este tipo de propuestas no terminan, en los hechos, limitando el acceso a la función pública a quienes ya cuentan con respaldo económico propio, alejando a sectores medios y trabajadores de la posibilidad de representar a la comunidad desde el Estado.

El antecedente del sorteo del sueldo

El proyecto también se inscribe en una serie de gestos políticos que generaron controversia. Días atrás, el concejal Matías Tomasi anunció en redes sociales que sortearía su sueldo, una declaración interpretada por distintos sectores como demagógica y carente de seriedad institucional.

La falta de precisiones sobre la modalidad, el marco legal y el destino de esos fondos provocó una masiva inscripción de personas interesadas, pero también fuertes cuestionamientos sobre el mensaje que se transmite respecto del rol del concejal como trabajador del Estado y no como benefactor individual.

Austeridad versus construcción política

Mientras el proyecto aguarda tratamiento una vez retomada la actividad ordinaria del Concejo, la discusión ya está instalada. Más allá del legítimo debate sobre el uso de los recursos públicos, la iniciativa abre un interrogante central: si la austeridad se construye a partir de políticas públicas sostenidas y responsables o desde gestos simbólicos que refuerzan el desprestigio de la política como herramienta de transformación.

En un escenario donde la comunidad demanda gestión, compromiso y dedicación, el debate sobre los sueldos políticos vuelve a poner en el centro una pregunta clave: qué modelo de representación y de Estado local se quiere construir.