La Unidad de Derechos Humanos de Rosario, a través de los auxiliares fiscales Juan Patricio Murray y Álvaro Baella, inició su alegato en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Villa Constitución en 1975, en el marco de la represión contra trabajadores metalúrgicos y ferroviarios. La causa investiga delitos cometidos contra 67 víctimas, incluyendo privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, homicidios agravados y asociación ilícita.

En esta etapa inicial del alegato, el Ministerio Público Fiscal (MPF) abordó el contexto histórico de la represión, vinculándola con el accionar de la empresa Acindar y su relación con el Estado y la conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Los fiscales describieron a Villa Constitución como un “experimento represivo” previo al golpe de Estado de 1976, con una estructura represiva montada a gran escala por fuerzas de seguridad y parapoliciales, bajo dirección del Ejército.

Según el MPF, la represión del 20 de marzo de 1975 incluyó la participación de 4.000 efectivos y 105 vehículos, y resultó en la detención de 300 personas. Algunas de ellas fueron torturadas en centros clandestinos como el “Albergue de Solteros” dentro de la planta de Acindar. La Fiscalía señaló que la empresa brindó apoyo logístico y cedió infraestructura para facilitar la represión.

Plan sistemático

El alegato fiscal destacó la existencia de un plan sistemático para desarticular el movimiento obrero, beneficiar al sector empresarial e instaurar un modelo de disciplinamiento social. En este marco, identificaron a la Lista Marrón —conformada por obreros de Acindar y electa tras años de lucha sindical— como un objetivo directo de esa estrategia.

Los fiscales también hicieron referencia a la “captura del Estado” por parte de grandes empresas, mencionando la designación de José Alfredo Martínez de Hoz —expresidente de Acindar— como ministro de Economía durante la última dictadura, y el rol del general López Aufranc en la conducción de la empresa.

Doctrina de la represión

Además, el MPF remarcó la influencia de la “Escuela Francesa” de contrainsurgencia como base doctrinaria de la represión, y la utilización del terror como método para eliminar la oposición política y reestructurar el modelo económico.

El juicio, iniciado en noviembre de 2023, tiene 18 acusados, entre ellos ex jerárquicos de Acindar y expolicías federales y provinciales. Algunos imputados fallecieron durante el proceso, y otros fueron apartados por razones de salud. El alegato continuará el próximo 17 de junio.