El conflicto entre la Municipalidad de San Nicolás y la empresa portuaria Moviport sumó un nuevo capítulo luego que la abogada Florencia Arietto, integrante del equipo jurídico que representa a la firma, anunciara la presentación de una denuncia penal contra funcionarios municipales y la jueza de Faltas que intervino en la clausura de la compañía.

Según explicó Arietto en un video difundido en redes sociales, la Justicia volvió a resolver a favor de la empresa al considerar que la clausura había sido arbitraria, profundizando así una disputa que ya combina aspectos administrativos, judiciales y políticos.

La letrada recordó que Moviport, dedicada a la actividad portuaria y al manejo de fertilizantes, cuenta con una extensa trayectoria en la región, genera alrededor de 250 puestos de trabajo y participa, según afirmó, en aproximadamente el 14 % del mercado de fertilizantes.

Dos resoluciones judiciales favorables

Arietto repasó la secuencia de los hechos y señaló que, tras la clausura preventiva dispuesta por el Juzgado de Faltas, la empresa apeló la medida.

De acuerdo con su relato, el Juzgado Correccional interviniente resolvió levantar la clausura al entender que había resultado abusiva, ya que la documentación cuya ausencia había motivado la sanción había sido presentada por la empresa y, según sostuvo, nunca fue analizada por las autoridades municipales.

Sin embargo, afirmó que apenas 24 horas después de esa resolución judicial, la jueza de Faltas volvió a disponer una nueva clausura y ordenó colocar nuevamente las fajas de cierre con intervención de móviles policiales.

La abogada sostuvo que esa decisión también fue apelada y que el Juzgado de Feria volvió a dejar sin efecto la clausura, considerando que existía una "evidente arbitrariedad" en el accionar administrativo.

Denuncia penal y pedido de remoción

A partir de estas resoluciones, Arietto confirmó que la empresa inició una causa penal que, en principio, está dirigida contra los dos inspectores municipales que participaron del procedimiento y contra la jueza de Faltas.

Según explicó, la investigación buscará determinar si existió abuso de autoridad y una conducta dolosa en la actuación de los funcionarios involucrados.

Además, adelantó que solicitarán el inicio del procedimiento de remoción de la jueza de Faltas.

La abogada indicó que la causa penal aún no tiene fiscal asignado en forma definitiva, ya que inicialmente intervino la Unidad Fiscal de Investigación N.º 3, que se excusó de continuar con el expediente, el cual fue remitido posteriormente a la UFI N.º 2.

Sospechas sobre las motivaciones 

Durante sus declaraciones, Arietto sostuvo que la investigación también deberá determinar si las decisiones adoptadas fueron exclusivamente responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en los procedimientos o si existieron directivas provenientes del Ejecutivo municipal.

En ese contexto, planteó dos hipótesis que, según afirmó, deberán ser esclarecidas por la investigación judicial.

Por un lado, señaló que la empresa no descarta que pudiera haberse utilizado el poder de policía municipal para perjudicar a un competidor comercial, al sostener que integrantes de la familia Passaglia tendrían intereses en actividades vinculadas al mismo sector económico.

Por otra parte, también mencionó la posibilidad que la actuación municipal estuviera relacionada con la actividad política de uno de los socios de Moviport, Federico Chouhy, quien además se desempeña como concejal de La Libertad Avanza en San Nicolás.

Hasta el momento, la Municipalidad de San Nicolás mantiene la postura expresada al momento de la clausura, cuando sostuvo que la medida respondió exclusivamente a presuntos incumplimientos de las normas de habilitación, seguridad y control ambiental vigentes para este tipo de establecimientos.

Con la apertura de una causa penal y la existencia de resoluciones judiciales favorables a la empresa, el conflicto continúa escalando y se encamina a convertirse en una de las disputas institucionales de mayor repercusión en San Nicolás, mientras la investigación deberá determinar si existieron o no irregularidades en el accionar de las autoridades municipales.