El domingo 28 de enero de 2024 Villa Constitución se conmocionó por el asesinato de una conocida comerciante local a manos de su hijo en una vivienda de barrio Jardín. En la madrugada del aquel día, Vilma Susana Delmédico, de 60 años de edad, fue muerta por Nicolás Gerbino de 35 años, quien padece problemas mentales y se entregó a la Policía sin oponer resistencia. El caso alcanzó notoriedad nacional y ahora vuelve a resurgir, pero por poner de relieve un grave vacío legal y la falta de una adecuada infraestructura del Servicio Penitenciario Provincial.

A partir de aquella tragedia se abrió otro drama debido a la inexistencia en la Provincia de lugares donde alojar a personas en la situación de Gerbino. Esto llevó la semana pasada a que la jueza penal de Villa Constitución, Marisol Usandizaga, intimara al Gobernador y al Ministro de Seguridad a disponer la creación de un pabellón donde alojar a enfermos psiquiátricos en conflicto con la ley penal y de no hacerlo en el término de 30 días le embargará parte del sueldo. El término técnico legal es “astreintes” sobre sus haberes.

En resumen, la resolución de la magistrada fue la de intimar la Gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni “para que procuren pabellones especializados para este tipo de problemáticas a los fines de preservar la salud mental e integridad física del Sr. Gerbino, otorgando un plazo de 30 días para cumplimentarlo. A partir del mismo, si no fuera cumplido, se ordenan los astreintes respectos de sus sueldos”.

El vacío legal

A esta resolución judicial se llegó como resultado de la labor del abogado Roberto Fahler, representante legal de Nicolás Gerbino, quien resumió el caso de la siguiente manera “Luego del hecho, Gerbino es detenido y al realizarse la primera audiencia el Dr. Pangrazi (juez de feria) suspende la audiencia y ordena que sea alojado en el (Centro Regional de Salud Mental Dr.) Agudo Ávila o en Oliveros por sus padecimientos psiquiátricos”.

“En abril, cuando tomó el caso, planteo un habeas corpus porque seguía sin imputárselo de un delito formalmente y porque estaba alojado en la Unidad 6 de Rosario sin ningún tipo de razón, solo porque el Servicio Penitenciario cumplía con la nueva Ley de Ejecución Penal que dispone quitar la custodia a los presos con enfermedades mentales y alojarlos en cárceles comunes”, detalló Fahler.

Luego de esa audiencia se solicitó que Gerbino sea evaluado porque la junta especializada en salud mental y su informe fue que no comprende la criminalidad de los actos y que no puede estar sometido a un proceso penal.

En base a ello Fahler pidió una nueva audiencia en la que solicito la inmediata libertad de Gerbino, en su defecto el arresto domiciliario o que sea alojado en un nosocomio acorde a sus padecimientos psiquiátricos. La Dra. Usandizaga no hizo lugar a los pedidos, por considerar que era peligroso, pero, a pedido de la Defensa, resolvió la mencionada intimación a las autoridades provinciales.

“Tirón de orejas”

En diálogo con el periodista Ariel Gómez en el programa “Noticias Urbanas” de Multimedios SUR, Fahler ahondó en el caso. Al respecto señaló que “Según los dictámenes en salud mental, ciertas personas no pueden cumplir penas en cárceles comunes porque son inimputables. Históricamente, estas personas eran alojadas en nosocomios psiquiátricos como el Agudo Ávila o la colonia psiquiátrica de Oliveros. Sin embargo, tras la entrada del nuevo gobierno provincial, se modificó la Ley de Ejecución Penal, lo que llevó a la eliminación de la custodia policial para estos individuos, trasladándolos a cárceles comunes”.

En esta decisión “no se tuvo en cuenta qué hacer con las personas con padecimientos mentales severos en cárceles comunes, donde no reciben los tratamientos adecuados. En las cárceles de la provincia no hay equipos capacitados para atender a personas con estas condiciones, lo que ha generado un vacío legal e institucional que no se ha solucionado”, detalló el abogado.

Con respecto a la decisión de la Dra. Usandizaga, Fahler la ejemplificó como “un tirón de orejas a los funcionarios, una advertencia para que cumplan con lo ordenado. Hay antecedentes en la ciudad de este tipo de sanciones (al ex ministro de Seguridad Raúl Lamberto por la demora en obras del Módulo de Detención transitoria de la Unidad Regional VI), aunque generalmente se arbitran los medios necesarios para evitar que se efectivicen”.

Salud mental

En cuanto a la Ley de Salud Mental, Fahler explicó que “protege a las personas con padecimientos psiquiátricos, pero la realidad es que los nosocomios de la provincia son de puertas abiertas, lo que significa que estas personas pueden salir cuando lo deseen. Esto ha provocado que individuos con enfermedades mentales severas regresen a la comunidad y cometan actos que afectan a la sociedad, sin recibir el tratamiento adecuado que necesitan”.

Asimismo, advirtió que “la persona que tiene una enfermedad mental no se convierte en delincuente automáticamente. Padecer una enfermedad mental no es un delito, no hay que criminalizar a este colectivo de personas”.

Inimputable pero detenido

Consultado son la situación actual de su defendido, el letrado explicó que “se encuentra en una unidad carcelaria, tomando medicación diaria, pero no está en las mejores condiciones debido a su padecimiento mental. La convivencia con otros presos, muchos de ellos con condenas por delitos graves, hace que el día a día sea muy difícil para él. Aunque se contiene, el estrés del entorno podría desencadenar una reacción en cualquier momento”.

Gerbino se encuentra en realidad en un limbo legal ya que “No ha sido imputado de los hechos debido a su condición de inimputable. Aunque se le informaron los hechos, no se le puede imputar un delito porque la ley no lo permite en su caso. Sin embargo, su detención en una unidad carcelaria sin haber sido imputado plantea un gran interrogante legal”.

Finalmente, con relación a la decisión de la Dra. Marisol Usandizaga, manifestó que puede sentar un precedente que cambie la situación. “Tengo la esperanza de que así sea. Ya se ha hecho el planteo judicial y la jueza lo ha avalado. Ahora queda en manos de la provincia tomar cartas en el asunto y buscar una solución para este colectivo de personas. Confío en que lo harán, aunque los tiempos del gobierno no siempre coinciden con los de la sociedad”.