Una inspección judicial se llevó a cabo el miércoles por la mañana en el predio de Acindar, en Villa Constitución, como parte del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en 1975 contra trabajadores metalúrgicos y ferroviarios. El recorrido se centró en el sector conocido como “Albergue de Solteros”, que funcionó como centro clandestino de detención en el marco del operativo represivo conocido como “Serpiente Roja del Paraná”.

La actividad fue ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario, que tiene a su cargo un proceso judicial inédito en Santa Fe: por primera vez se juzga la posible responsabilidad penal de una empresa privada —en este caso, Acindar— en crímenes cometidos antes del golpe militar de 1976, durante el gobierno de María Estela “Isabel” Martínez de Perón. En la causa hay 22 imputados, entre ellos dos exdirectivos de la compañía, además de exmilitares, expolicías federales y un expolicía provincial.

La jornada comenzó a las 9.30 con un acto público y micrófono abierto frente a la portería vieja de la planta, ubicada en San Martín y Sylvestre Begnis. Una hora más tarde se realizó la inspección judicial, que contó con la presencia de jueces, fiscales, abogados querellantes, defensores, testigos, víctimas y referentes de organismos de derechos humanos.

La represión de 1975

Durante la recorrida se rememoró el rol que tuvo el predio en aquellos años, cuando según numerosos testimonios, desde el “Albergue de Solteros” partían vehículos utilizados para secuestros y operativos represivos. El edificio fue demolido durante la democracia, pero su huella persiste en la memoria de quienes atravesaron aquel horror.

El abogado querellante Federico Pagliero subrayó que “en Villa Constitución, en 1975, se inauguró una modalidad de represión ilegal que luego se generalizaría con el golpe de Estado. Fue un laboratorio de ensayo”. También destacó que Acindar “abonaba un plus por los servicios de las patotas, con el objetivo claro de eliminar a los delegados y activistas obreros”.

Pagliero, definió la jornada de este miércoles como “un día histórico en Villa Constitución”, y destacó que fue la primera vez que los trabajadores que protagonizaron la gran huelga clasista del Villazo volvieron a pisar el lugar donde estuvieron detenidos y torturados. “Un verdadero símbolo de la represión, ya que se transformó en 1975 en un Centro Clandestino de Detención dentro de la propia planta de Acindar”, expresó.  

Justicia tardía

Pagliero lamentó que gran parte de los obreros de la Lista Marrón y de los responsables de los crímenes ya no estén presentes, pero sostuvo que “la función reparadora del servicio de justicia opera y así se sintió el día de ayer”. También remarcó “el nivel de impunidad de quienes portaban traje y corbata —los mentores del plan genocida— que, en la víspera de la recuperación democrática, demolieron las edificaciones del albergue”.

“Durante el Gobierno constitucional de Isabel Perón en Villa Constitución se llevó adelante la prueba de ensayo del terrorismo de Estado”, advirtió, y reafirmó: “Como representantes elegidos por las víctimas, familiares y por la APDH Rosario, fue un honor poder acompañarlos y materializar un tanto del poder reparador de la justicia”.

Palabras metalúrgicas

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Villa Constitución también se expresó tras la inspección judicial. En su comunicado destacaron que “a poco más de 50 años del Villazo, jueces federales visitaron por primera vez el lugar donde funcionó un centro clandestino de detención dentro de la planta de Acindar, durante la represión a trabajadores en los años 70”. Además, remarcaron que las víctimas del proceso judicial “afirman que la empresa colaboró con información para perseguir trabajadores y que desde allí salían vehículos usados en los operativos”.

Presencia docente

Desde la seccional local de AMSAFE también destacaron la trascendencia histórica del acto judicial. En un comunicado expresaron que el Albergue de Solteros fue “uno de los primeros Centros Clandestinos de detención que funcionaron en nuestro país, donde mantuvieron cautivas y cautivos bajo tormentos a obreros metalúrgicos de la Lista Marrón y a quienes habían organizado la solidaridad de la lucha por la democracia sindical, por condiciones dignas de trabajo y de salud”.

“La realización de este acto judicial significa una medida de reconocimiento de la historia de un Pueblo”, señalaron, y remarcaron que es la primera vez en la región que se juzga la responsabilidad empresarial en el genocidio perpetrado desde el Estado terrorista. AMSAFE estuvo presente a través de su delegada seccional, Marta Risso, junto a representantes de APDH Rosario, Memoria Verdad y Justicia por el Villazo, Hijos del Villazo, 22 de Abril, UOM Villa Constitución, Aceiteros Rosario, CTA Autónoma Villa Constitución y CTA de los Trabajadores.