Once gendarmes del Escuadrón 46 “Arroyo Seco” fueron imputados en Rosario por integrar una organización criminal que operaba en el peaje de General Lagos, sobre la autopista Buenos Aires–Rosario (Ruta Nacional 9). Según la acusación, durante controles vehiculares se apropiaban de cargamentos de hojas de coca que debían ser formalmente secuestrados y denunciados, para luego comercializarlos. Así lo informó el portal Fiscales.gob.ar

La imputación fue formalizada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Oficina de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal, en una audiencia que se desarrolló en dos jornadas ante el juez de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz.

Asociación ilícita y coimas

Los fiscales Franco Benetti y Matías Mené atribuyeron a los acusados los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y encubrimiento de contrabando agravado por su condición de funcionarios públicos, además de incumplimiento de deberes.

De acuerdo a la investigación, los gendarmes actuaron entre el 19 de enero y el 5 de mayo de 2025, período en el que se habrían concretado al menos 12 maniobras con un total de 1.144 kilogramos de hojas de coca.

División de roles

La fiscalía describió una “comunidad delictiva” con funciones definidas. Nueve gendarmes obtenían los cargamentos en los controles de rutina y los entregaban a un integrante con rol central, identificado como Enzo Gastón N.V., quien coordinaba la venta.

Este último fue detenido el 5 de mayo de 2025 con 180 kilos de hojas de coca, hecho que dio inicio a la investigación. Según la acusación, negociaba precios, organizaba entregas y revendía la mercadería a terceros, entre ellos una mujer de Rosario también imputada por adquirir parte de los cargamentos.

Maniobras reiteradas

Los fiscales detallaron una serie de procedimientos con una misma modalidad: incautaciones irregulares, omisión de denuncia y posterior entrega de la mercadería a cambio de dinero.

Entre los casos expuestos, se mencionaron operativos con cargas de entre 20 y 132 kilogramos, por las cuales se habrían pagado sumas que van desde cientos de miles a varios millones de pesos, mediante transferencias y efectivo.

Evidencias clave

La acusación se sustenta en informes de Asuntos Internos de Gendarmería, peritajes telefónicos, registros de transferencias y chats entre los imputados, donde se documentan coordinaciones de entregas, movimientos de dinero y lugares de acopio.

También se incorporaron datos de organismos de control aduanero que estiman el valor de la hoja de coca en unos 50 dólares por kilo, además de actas de allanamientos donde se secuestró la mercadería.

Medidas judiciales

El juez dispuso para todos los imputados la obligación de someterse al proceso, presentaciones periódicas ante la Justicia y la prohibición de salir del país sin autorización.

Asimismo, ordenó embargos preventivos e inhibiciones generales de bienes por montos que van desde 8 hasta 293 millones de pesos, con el objetivo de asegurar eventuales decomisos en caso de condena.