En la tarde del lunes 4 de mayo, personal policial de la Unidad Regional VI llevó adelante un importante operativo en la localidad de Bombal, donde se concretaron cuatro allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por intimidación pública y amenazas anónimas contra un establecimiento educativo.

El procedimiento fue coordinado por la Comisaría 10ª de esa localidad, con apoyo de distintas dependencias de la región, incluyendo efectivos de Alcorta, Juncal y Máximo Paz, bajo la supervisión de autoridades de la Inspección 4ª.

La escuela afectada

La causa se originó a partir de amenazas dirigidas a la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 242, cuya directora radicó la denuncia. Este episodio se inscribe dentro de una serie de intimidaciones a instituciones educativas que se vienen registrando en distintas localidades de la provincia desde el mes pasado.

Resultados de los allanamientos

Los procedimientos arrojaron resultados positivos. Durante los operativos, el personal policial secuestró cuatro teléfonos celulares —entre ellos un Iphone 13, un Iphone 15 Pro Max, un Redmi 14 Pro y un Motorola G35— que serán sometidos a peritajes.

En cuanto al armamento, se incautó una carabina de repetición marca Savage modelo Axis calibre .30-06 Springfield con mira telescópica; una pistola semiautomática marca Taurus modelo PT917 calibre 9 mm con su funda; una carabina semiautomática Ruger 10/22 calibre .22; otra carabina semiautomática Mastech modelo 7022 calibre .22; una escopeta monotiro calibre 16 marca Harrington & Richardson modelo Topper; y un arma larga sin numeración ni marca visible.

También se secuestró una importante cantidad de municiones: 48 cartuchos calibre .22, más de 100 municiones calibre 9 mm de distintas marcas y tipos —incluyendo proyectiles con punta de teflón—, 24 cartuchos calibre .30-06, 13 cartuchos calibre 16, además de numerosas vainas servidas de diferentes calibres.

Imputación a menores

Como resultado del operativo, se procedió a la formación de causa contra cuatro menores de 17 años, quienes fueron imputados por el delito de intimidación pública y amenazas anónimas. También se investiga la posible responsabilidad de sus progenitores en relación a la tenencia de las armas halladas en los domicilios allanados.

Intervención judicial

Si bien Bombal pertenece al departamento Constitución en términos policiales —bajo la órbita de la Unidad Regional VI con asiento en Villa Constitución—, la investigación judicial está a cargo de la Justicia del departamento General López.

En ese marco, las órdenes de allanamiento fueron dispuestas por el Juzgado de Menores de la 3ª Circunscripción con sede en Venado Tuerto, junto con la Fiscalía de Menores de esa misma jurisdicción.

Las actuaciones continúan con el análisis de los dispositivos secuestrados y la recolección de nuevas pruebas para determinar el grado de participación de los involucrados en las amenazas.

Intimaciones económicas a las familias

En paralelo a este tipo de investigaciones, el Gobierno de la provincia de Santa Fe avanza con una política de recupero de los costos operativos generados por estas amenazas.

Durante el último fin de semana se cursaron 11 notificaciones en distintos departamentos provinciales, con un monto total que supera los 36 millones de pesos. Las intimaciones están dirigidas a familiares de los alumnos identificados como autores de las amenazas, a quienes se les exige el pago en concepto de resarcimiento por el despliegue policial y logístico.

“¿Qué hiciste, no te da vergüenza?”, fue una de las reacciones registradas cuando efectivos policiales notificaron a una familia sobre una deuda superior a los 5,8 millones de pesos por un operativo.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, remarcó que “no es broma; es delito” y aclaró que se trata de una indemnización civil, no de una multa penal. Según explicó, los montos se calculan en función de los recursos utilizados en cada intervención, incluyendo móviles, combustible, brigadas especializadas y horas de servicio.

Las familias cuentan con un plazo de cinco días para abonar. En caso de incumplimiento, las actuaciones son remitidas a Fiscalía de Estado, lo que puede derivar en embargos u otras medidas patrimoniales.