
El fiscal Villate detalla el tramo final del Juicio por la causa “El Villazo”
El fiscal general solicitó perpetua para los ex directivos de Acindar, Pellegrini y Torralvo por delitos de lesa humanidad durante la represión de marzo de 1975 en Villa Constitución.
En el tramo final del histórico juicio por la represión de 1975 en Villa Constitución, el fiscal general Adolfo Villate solicitó prisión perpetua para dos exjerárquicos de Acindar, acusados de participar en el operativo represivo contra trabajadores metalúrgicos. En una entrevista exclusiva con Sur Multimedios Villate detalló el avance de esta instancia del proceso.
Villate, confirmó que la fiscalía pidió penas de prisión perpetua para Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo, señalados como responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión de marzo de 1975. La acusación se enmarca en la causa conocida como “El Villazo”, que investiga el operativo represivo contra dirigentes y trabajadores metalúrgicos perpetrado en un contexto democrático y en medio de una interna gremial en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Villate destacó la relevancia del caso por tratarse de un episodio de represión masiva previo al golpe de Estado de 1976, con una inédita alianza entre sectores empresariales, sindicales y estatales, orientada a desarticular una seccional sindical combativa.
El entramado represivo
Según explicó el fiscal, el 20 de marzo de 1975 y en los días posteriores se desplegó en Villa Constitución un operativo conjunto de la Policía Federal, las policías de Santa Fe y Buenos Aires, Prefectura, el Ejército y, de forma inédita, integrantes de la organización parapolicial Triple A. Entre ellos estuvo Aníbal Gordon, cuya actuación quedó probada, aunque no pudo ser juzgado por haber fallecido.
El movimiento sindical conocido como la “Lista Marrón” había conquistado la conducción local de la UOM, generando tensiones con la “Lista Rosa” y con la conducción nacional. Empresas como Acindar, Metcon, Marathon y Villber tenían especial interés en frenar las reivindicaciones laborales, que incluían mejoras salariales y de condiciones de trabajo.
Complicidad empresarial y sindical
Para la fiscalía, está acreditado que desde Acindar se definieron los “blancos” del operativo: trabajadores y delegados que debían ser detenidos. La empresa no solo habría aportado información, sino que también cedió instalaciones para helicópteros y vehículos, y alojó un centro clandestino de detención en su predio.
Villate subrayó que este accionar contó con el aval de la dirigencia nacional de la UOM, aunque las pruebas más sólidas recaen sobre Pellegrini y Torralvo, para quienes se pidió perpetua. Recordó además que los máximos directivos de la época, incluido José Alfredo Martínez de Hoz, ya habían fallecido.
Consecuencias y testimonios
Durante el juicio, los testimonios de sobrevivientes y familiares revelaron no solo la violencia de las detenciones y torturas, sino también el impacto económico y social que sufrieron las familias. La represión dejó a mujeres y niños como principales sostenes del hogar y generó listas negras que impidieron a las víctimas y sus descendientes volver a trabajar en la industria metalúrgica.
Villate remarcó que este proceso represivo dejó una marca profunda en la ciudad, generando miedo, apatía y un prolongado silencio social que dificultó la reconstrucción comunitaria.
Villa Constitución, laboratorio represivo
El fiscal señaló que, si bien en Tucumán ya existía un centro clandestino durante el Operativo Independencia, el “albergue para solteros” de Acindar fue uno de los primeros del país y antecedente directo del terrorismo de Estado a partir de 1976. “Villa Constitución fue un laboratorio donde se experimentó el accionar represivo que luego se aplicaría a nivel nacional”, sostuvo.
Expectativa por la sentencia
El juicio continúa con los alegatos de las querellas y luego de las defensas, y podría tener veredicto a principios de septiembre. Villate destacó el trabajo del equipo del Ministerio Público Fiscal, que realizó una investigación exhaustiva y una reconstrucción histórica detallada.
El fiscal remarcó la importancia de que este proceso se desarrolle bajo reglas democráticas, con derecho a acusar y a defenderse, algo que no existió en 1975. Asimismo, confirmó que el material documental reunido estará disponible para la comunidad una vez finalizado el juicio.