En diálogo exclusivo con Sur Multimedios, el concejal del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, Diego Martín, analizó el escenario político y económico de Villa Constitución. Respecto al debate por la incorporación de un noveno concejal tras la reforma normativa provincial, Martín aclaró que es una disposición legal ineludible y no una decisión discrecional del cuerpo. Explicó que la única alternativa para postergar la medida hasta 2031 requiere un proyecto del Ejecutivo que cuente con aprobación por dos tercios del Concejo antes del 30 de noviembre; de lo contrario, se implementará en las elecciones del próximo año.

Asimismo, defendió el rol de contralor del legislativo local y minimizó el impacto del presupuesto del Concejo en las cuentas públicas, recordando que apenas representa entre el 2% y el 3% del gasto municipal. En el plano fiscal, Martín se refirió de manera directa a la imposibilidad de avanzar en la regulación de tasas: “Nos encontramos con una situación que, por la intransigencia, en este caso, de los concejales de La Libertad Avanza, no pudimos llegar a un acuerdo para evitar, justamente, que el intendente tenga, por ejemplo, la potestad de aumentar, como aumentó en el primer mes del año, las tasas municipales, y como seguramente lo va a volver a hacer en el segundo semestre”. 

Por otra parte, confirmó la presentación de un proyecto para exigir el balance de las cuentas públicas: “La cuenta de inversión es un balance que tiene que presentar el Ejecutivo. Formalmente se presenta en abril, todavía no se ha presentado y ya estamos a mediados de junio”.

Prioridades ante la crisis

El edil advirtió que la agenda pública debe ordenarse en función de las urgencias de los vecinos. “Somos la ciudad con la mayor tasa de desempleo del país”, señaló Martín, alertando sobre el creciente endeudamiento familiar, la baja del consumo y la consecuente caída de la recaudación local.

En contraste con este complejo escenario, ponderó las iniciativas que buscan aliviar a la comunidad. En ese sentido, destacó la aprobación por unanimidad de la eximición del pago de la Tasa General de Inmuebles y Servicios Sanitarios para los miembros del cuerpo activo de bomberos voluntarios con más de un año de antigüedad. "Es un beneficio económico concreto para quienes se desempeñan en el cuerpo activo de bomberos. Al municipio no le representa un gran impacto económico", afirmó.

Patrimonio e infraestructura

En materia ambiental y urbana, el bloque ingresó un pedido de informes sobre el plan de arbolado público, advirtiendo una "anarquía" en el mantenimiento y la necesidad de una estrategia que mitigue los problemas que las especies generan en el centro comercial. Martín vinculó esta problemática con una crítica más contundente sobre la administración: “Creo que hay una falta de planificación en la ciudad”. Como ejemplo, citó la intervención en la calle Irigoyen: “Es una obra que claramente no estaba planificada, tampoco hay registro en ninguno de los proyectos que ha mandado el municipio al Concejo. Ninguno de los frentistas obtuvo conocimiento de que iba a comenzar esta obra hasta que comenzó”.

Finalmente, el concejal —quien recientemente participó de la presentación de un libro sobre herramientas urbanísticas de transformación metropolitana— instó a recuperar la identidad de la ciudad mediante un plan estratégico de ordenamiento territorial. Como parte de esa puesta en valor, impulsan la declaración como patrimonio histórico de la "casita de la aduana", la única edificación en pie de la época fundacional, y reclamaron de manera indirecta por la preservación cultural: “El Museo Histórico Regional “Santiago Lischetti” está cerrado hace mucho tiempo. No obstante, el municipio, año tras año, obtiene autorización del Concejo en el presupuesto para llevar adelante su mantenimiento, su reapertura, pero bueno, hay una decisión, un entendimiento de que eso no es importante o no es prioridad”.