En Villa Constitución, la labor policial viene mostrando desde hace tiempo un cambio de foco: los conflictos familiares, interpersonales y de género se consolidan como las intervenciones más frecuentes, por encima de los delitos predatorios tradicionales como robos o hurtos. Se trata de situaciones que, además de demandar recursos operativos en la vía pública, derivan en actuaciones judiciales que contribuyen a la saturación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Fuentes policiales coinciden en que este tipo de hechos, en general originados en vínculos previos o relaciones atravesadas por conflictos, requieren intervenciones complejas: contención, mediación inicial, asistencia sanitaria y la posterior confección de actuaciones. A diferencia de otros delitos, no siempre concluyen con aprehensiones, pero sí generan expedientes que avanzan en el ámbito judicial.

Un caso ocurrido el miércoles 8 de abril, alrededor de las 21.30, grafica esta realidad. Personal del Comando Radioeléctrico que patrullaba la zona de Pasteur y Mendoza, en barrio Los Ceibos, fue alertado por un hombre de 41 años, quien denunció que su ex pareja se había presentado en el domicilio de una amiga, donde comenzó a agredirlo verbalmente, acusándolo de haberle sustraído su teléfono celular.

Ataque y daños

De acuerdo a la reseña policial, en medio de la discusión la mujer provocó daños al romper un vidrio de la vivienda. La situación derivó además en amenazas, configurando un episodio que motivó la intervención policial y la activación de protocolos habituales en este tipo de conflictos.

En el lugar se solicitó la presencia del servicio de emergencias médicas, que asistió a la mujer involucrada, aunque ésta rechazó el traslado al efector de salud. Posteriormente, se dio intervención al sumariante de la Agrupación Cuerpos, quien llevó adelante las actuaciones de rigor.

Situaciones repetidas

Este tipo de episodios, que se repiten con frecuencia en distintos barrios de la ciudad, ponen en evidencia una problemática social más amplia, donde los conflictos vinculares escalan y terminan requiriendo la intervención del Estado en múltiples niveles. La policía actúa como primer eslabón de respuesta, pero la continuidad de estos casos en sede judicial refuerza la presión sobre el sistema penal.

En ese contexto, desde distintos sectores se advierte sobre la necesidad de fortalecer políticas de prevención, abordaje interdisciplinario y dispositivos de contención, con el objetivo de reducir la reiteración de estos hechos y su impacto tanto en la seguridad como en el funcionamiento de la justicia.