Presentaron un informe sobre las por delitos de lesa humanidad

Tribunales de todo el país dictaron 294 sentencias desde la reapertura de los procesos en 2006. La procuraduría especializada advierte que persisten las demoras en las etapas recursivas y que se ha consolidado la prisión domiciliaria como modalidad de detención.

Mientras en Villa Constitución se espera por el inicio del juicio por la represión al Villazo, desatada en marzo de 1975, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó un informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad y su desarrollo hasta el 2022. En total se registraron cerca de las 300 sentencias, las personas condenadas suman 1117 y las absueltas 168.

“Desde el reinicio en 2006 de los juicios por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado fueron condenadas 1117 personas y 168 resultaron absueltas en 294 sentencias dictadas por tribunales de las diferentes jurisdicciones federales del país, de las cuales un 62% posee alguna instancia recursiva pendiente”, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Los números surgen del Informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina, elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, que releva diferentes variables relacionadas a las personas imputadas, a las causas judiciales y a los tiempos que insumen las diferentes etapas del proceso, y las compara en perspectiva. “Las demoras siguen siendo una traba en el proceso de juzgamiento”, indica.

Demoras

De acuerdo con el análisis de la PCCH, los datos del 2022 revelan que el tiempo de tramitación de las causas en la etapa de instrucción se mantiene estable, mientras que en la etapa de juicio ha disminuido levemente, reflejado en un aumento total de sentencias dictadas con respecto al año anterior (21 contra 20).

“Las demoras persisten, con algunos avances, en la faz recursiva contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país”, sostiene. Por otro lado, pone de relieve que, en relación con las personas juzgadas, se observa que continúa la tendencia en baja del número de detenidas, consolidándose el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante desde el año 2016.

El informe está actualizado al 5 de diciembre de 2022 y se refiere exclusivamente a causas penales en las que se registre, al menos, una persona requerida para su investigación por el Ministerio Público Fiscal.

Del universo total de personas bajo investigación, son 1506 las que permanecen en libertad y 717 las detenidas, de las cuales el 77% se encuentra con arresto domiciliario. El 30% de ellas cuenta con dispositivo de monitoreo electrónico.

El estado del proceso en 2022

Actualmente hay 643 causas en trámite en las que son investigadas -o lo fueron hasta su fallecimiento- 3640 personas.

Durante 2022 tribunales de todo el país dictaron 21 sentencias con el siguiente detalle: 4 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en las causas Vesubio III, Chavanne-Grassi, Regimiento de Infantería 6 de Mercedes y Comisaría de Ramos Mejía), 1 en Concepción del Uruguay, 1 en Formosa, 1 en Jujuy, 1 en La Pampa, 1 en La Plata, 1 en Paraná, 1 en Resistencia, 2 en Santa Fe (causas Brusa residual II y Martínez), 1 en San Rafael, 3 en San Martín (causas Campo de Mayo-Vuelos, mega causa Campo de Mayo y La Pastoril), 1 en San Juan, 2 en Salta (causas Yazlle y Medina Ortiz) y 1 en Rosario.

Durante 2022, y hasta el cierre del informe, se iniciaron 18 juicios orales, de los cuales 8 continúan con el debate en curso, y 10 obtuvieron sentencia.

Entretanto, existen 349 causas registradas en las que aún no se ha dictado sentencia y en las que el estado de la investigación se encuentra en distintas fases. La más avanzada corresponde a las 12 que se encontraban en juicio -incluye procesos iniciados antes de 2022- al cierre del informe en la etapa de debate oral o de plenario. En tanto, 275 se encuentran en instrucción y en 62 se encuentra dispuesta la elevación a juicio. De estas últimas, 6 tienen fijada una fecha de inicio del debate para 2023 y 56 aún esperan fijación de juicio.

La PCCH señala que los datos muestran que por primera vez la etapa de instrucción “no constituye el mayor volumen de causas, representando el 43% del total”, dado que “la etapa de sentencias pasó a tener el mayor volumen, registrando un 46% al cierre de este informe”. Otro dato relevante que refiere el avance de los procesos es que el 10% de las 275 causas que tramitan en la instrucción ya se encuentran con requerimiento de elevación a juicio, porcentaje superior al 7,5 registrado en el 2021.

En cuanto a las 294 causas en las que se ha dictado sentencia, un 62% de ellas posee alguna instancia recursiva pendiente (ante la Cámara Federal de Casación o ante la Corte Suprema) para al menos una de las personas sentenciadas en cada caso.

El 16% de las sentencias dictadas desde 2006 incluyeron condenas por delitos de violencia sexual. Esos hechos tuvieron como víctimas a 206 personas (173 mujeres y 33 varones) y como responsables a 154 condenados, en tanto que se dictaron 28 absoluciones.

Personas investigadas

En 2022 se registraron 65 personas sentenciadas: 58 condenadas y 7 absueltas. “Esta cantidad de personas con sentencia desciende respecto de los datos registrados en diciembre de 2021 (74). Asimismo, sigue estando por debajo de los datos registrados desde el 2017 (234), año en el que comienza a descender el total de personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad -por año- registrando en 2018 un total de 108, 95 en 2019 y 58 en 2020”, evalúa la PCCH.

“Continúa siendo significativo el número de personas que aún no han obtenido sentencia”, añade. Refiere que 482 se encuentran procesadas, 138 con falta de mérito y 93 sobreseídas. Unas 558 personas tienen pedido de indagatoria sin que esta se haya concretado.

Durante el 2022 fallecieron 63 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad. En tanto, 21 permanecen prófugas y otras 15 se encuentran en el exterior del país y registran pedido de captura.

Del universo total de personas bajo investigación, son 1506 las que permanecen en libertad y 717 las detenidas, de las cuales el 77% de estas últimas se encuentra con arresto domiciliario -modalidad que predomina desde el año 2016- y el 30% de ellas cuenta con dispositivo de monitoreo electrónico.