Villa Constitución, los Peiti Traferri y el juego clandestino

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada, pidieron el desafuero del senador por San Lorenzo, el justicialista Armando Traferri, y aseguran que poseen un enorme caudal de pruebas sobre las vinculaciones del legislador con Leonardo Peiti, considerado el máximo capitalista del juego ilegal en la provincia de Santa Fe. Pese a ello los senadores no aceptaron quitarle los fueros a su par para que la justicia pudiera imputarlo.

El periodista Osvaldo Aguirre, del portal La Suma Política explicó en una nota que “el nombre de Traferri surgió en la investigación en torno a la protección del juego clandestino con el llamado (en 2017) del ex diputado provincial Darío Scataglini a Leonardo Peiti, grabado en el teléfono de su secretaria, Brenda Lomella”. Al respecto señaló lo llamativo que “Scataglini, asesor de la Legislatura provincial hasta la difusión pública de la comunicación, llamara a Peiti, conocido ya como el capitalista máximo del juego clandestino, y que además invocara el nombre de Traferri”.

“Por entonces, Peiti ya estaba acusado por controlar entre 20 y 30 garitos en siete localidades de la provincia, según la investigación del fiscal Matías Merlo, de Melincué, y como socio de Los Monos en una serie de extorsiones”, indicó Aguirre. “Traferri dice que mandó a llamar a Peiti por el proyecto del capitalista para explotar, además del juego ilegal, el legal. En su declaración testimonial, Scataglini dio cuenta de una reunión en la oficina del senador, en San Lorenzo, con la asistencia del senador, el capitalista y uno de sus abogados, José Fernández Chemes”.

El ex fiscal Ponce Asahad declaró que en abril de 2017 Traferri y el ex fiscal regional Patricio Serjal trataron un pedido de Peiti respecto de causas que lo jaqueaban “en extraña jurisdicción”. Se refería a las acusaciones contra el padre del capitalista, Roberto Peiti, y su hermano, Esteban Peiti, en Villa Constitución y Cañada de Gómez.

De falta a delito penal

“En 2017 hubo dos cuestiones particulares que explican esta causa —explicó el fiscal Edery—. En primer lugar, el juego clandestino comienza a ser delito; antes era una falta (ver recuadro). Por eso Peiti y Traferri se empiezan a reunir, y son encuentros que tenemos acreditados por antena; y es el momento en que Peiti comienza a armar su red”.

Cabe destacar que Peiti, cuando accedió a declarar como arrepentido, aseguró que sus problemas con la ley habrían sido responsabilidad de su padre (Roberto) y su hermano (Esteban) y él se habría visto obligado a pagar coimas para no perder sus negocios legales. Cuando hace referencia a la situación de su familia se refiere a las consecuencias del amplio operativo contra el juego clandestino que se desarrolló en diciembre de 2017 en Villa Constitución y en otras localidades.

Allanamientos en Villa

En aquella oportunidad, en base a una investigación impulsada por la entonces fiscal de Villa Constitución, Valeria Pedrana (hoy jueza penal en Rosario) y efectuada por personal de inteligencia de Gendarmería, el viernes 15 de diciembre de 2017 se efectuaron 31 allanamientos simultáneos. Del total de esos procedimientos, 18 fueron en nuestra ciudad y el resto en Rosario, Cañada de Gómez, Armstrong y Las Rosas. Se decomisaron máquinas tragamonedas, mesas de ruleta y póquer, como así también vehículos, dinero en efectivo, computadoras, armas y teléfonos celulares.

En los allanamientos realizados en nuestra ciudad hubo 10 demorados de los cuales solo 3 quedaron detenidos ya que se dejó en esa condición a los responsables de los locales allanados, algunos de los cuales tenían más de una sala de juegos, no así a los empleados que quedaron vinculados a la causa pero no fueron imputados ni a los ocasionales jugadores.

Aparecen los Peiti

Posteriormente, una semana después, se entregaron dos de los tres prófugos, el empresario rosarino, Roberto Peiti y el villense Gastón Julián Graf, los que fueron llevados por la fiscal Valeria Pedrana a una audiencia imputativa realizada ese mismo día en los Tribunales de nuestra ciudad. Acto seguido, ambos quedaron detenidos, aunque imputados con distintos grados de participación en la organización delictiva.

“Al imputado Roberto Peiti se le dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de 30 días por el delito de asociación ilícita en carácter de jefe, en concurso real con la explotación, operación y organización de juegos de azar sin la autorización pertinente de la autoridad competente, en concurso ideal con defraudación a la administración pública. A Gastón Julián Graf se le dictó Prisión preventiva domiciliaria por el mismo delito, pero en rol de participe de la asociación ilícita”, informaron desde la Fiscalía Regional 2ª.

Protección

Previo a ello, luego que el juego clandestino dejara de ser una falta para convertirse en delito, Leonardo Peiti, ya trabajaba para lograr una red de protección y aparentemente comienza sus contactos con el poderoso senador sanlorencino. “Lo que Traferri hace es construir ese amparo judicial que necesitaba esta organización para funcionar como lo estaba haciendo —dijo Schiappa Pietra a Suma Política—. Ese amparo institucional del Ministerio Público dejando de investigar causas y construyendo impunidad para el juego clandestino lo tenemos acreditado no solamente por lo que dice (el ex fiscal, ahoa detenido) Ponce Asahad sino por lo que dice el propio Peiti”.

Traferri explicó sus contactos por el proyecto que dos años después presentó Peiti para lograr un convenio entre la lotería de la provincia de Misiones —donde explota juegos legales— y la de Santa Fe.  La sospecha de los fiscales es que el proyecto para el juego legal era en realidad una pantalla para sellar la impunidad alrededor del juego ilegal. “Es como si se quisiera legalizar la droga y se confiara su explotación a Los Monos”, ejemplificaron en el Ministerio Público de la Acusación.

ARTÍCULO 301 BIS

GOLPE AL JUEGO CLANDESTINO

La Ley N° 27.346, de 2017, que introdujo modificaciones a norma sobre impuesto a las ganancias, estableció en su artículo 10, la incorporación del artículo 301 bis al Código Penal, a partir del cual el juego ilegal ya no es considerado una falta contravencional sino un delito penal con castigos de hasta seis años de prisión efectiva para quien “explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.