Razones para legalizar las drogas
POR ALEJANDRO BONGIOVANNI
Y = SxP. “Y” es la utilidad de un delito o una infracción; es el valor que la persona piensa obtener al realizar la actividad delictiva. “S” es la sanción, el costo de incurrir en la acción tipificada. “P” es la probabilidad de que esta sanción ocurra, la probabilidad, digamos, de que te pesquen. Si para un sujeto la utilidad del delito (Y) es mayor que la sanción (S) multiplicado por la probabilidad de que te sancionen (P), significa que hay un incentivo para delinquir porque el delito “paga”.
Pongamos un ejemplo: yo quiero andar en moto sin casco por la calle porque me resulta más cómodo. Sé que la multa es de $100, pero calculo también que la probabilidad de que me agarren es de 1 sobre 20. Entonces me tengo que preguntar si mi comodidad es mayor o menor a $5, que es el costo de sanción por probabilidad ($100 x 1/20= $5). Si es mayor, tengo incentivo para andar sin casco. Como Estado, si la sanción para los que no usen casco es de $100 pero sólo puedo controlar a 1 de cada 20 motociclistas, estoy reconociendo que el costo de andar sin casco es solamente de $5. Si quiero que mucha menos gente ande sin casco tengo que subir “S” bastante (que la multa pase, por ejemplo, a $1000) y/o subir “P”, es decir, controlar más. Generalmente se presta exagerada atención a “S” y poca a “P”.
Esta ecuación sirve para entender parte del fracaso de la lucha contra el narcotráfico a nivel global. Las sanciones (S) son altas, pero el control (P) es muy costoso. Subir “P” se hace difícil porque una guerra exhaustiva contra las drogas insume cifras siderales de las arcas públicas –como demuestra Estados Unidos, Colombia y México– pero además, no logra balancear el enorme valor de la utilidad (Y). La utilidad del narcotráfico es tan abrumadoramente grande, que ni con mucho control se ha logrado torcer su brazo. Hay mucho incentivo a vender droga porque el negocio es, junto con la venta de armas, de los rubros más lucrativos del mundo.
Otras dos respuestas hay frente a la guerra contra el narcotráfico. La solución de algunos países de Medio Oriente: pena de muerte para quien tenga droga encima. Uno llega al aeropuerto y un cartel le avisa que será ejecutado si tiene drogas; apropiadamente hay un baño al lado del cartel para que uno deseche lo que tenga, como última oportunidad. Lo que hacen es subir “S” a su máxima expresión: pena de muerte. Claramente, no estoy de acuerdo con esta postura, por razones de justicia, aunque “funciona” desde el análisis económico del derecho.
La otra, cada vez más analizada a pesar de los prejuicios, es bajar la “Y” de los narcotraficantes. ¿Cómo? Convirtiendo el monopolio/oligopolio en un mercado competitivo: legalizando la venta y consumo de estupefacientes. Permitiendo que se creen mercados legales y formales de droga, lo que llevaría a disminución de precio y mejora de la calidad. Los consumidores no tendrían que incurrir en el “costo de la ilegalidad” que los lleva a pagar más y exponerse a situaciones peligrosas y productos de mala calidad. Los productores podrían ser auditados por el Estado y se los podría gravar fuertemente –como sucede con el cigarrillo– usando esos grandes fondos para campañas de difusión y asistencia médica.
Las posturas intermedias –un poco de sanción insuficiente, un poco de control insuficiente– sólo han generado pérdidas inútiles de vidas (víctimas de los carteles de droga, consumidores muertos por productos en mal estado, asesinatos en guerras de territorios de venta, soldaditos del paco, etc.), gastos ineficientes del dinero público y marginalización de los consumidores.
Quien escribe considera que la libertad de consumir cualquier cosa, mientras no perjudique a terceros, es un derecho inherente a todo ser humano. Hay fuertes razones de justicia para legalizar la venta y consumo de drogas (algo que tarde o temprano sucederá) y resulta hipócrita permitir el alcohol, el tabaco, los ansiolíticos, por citar algunas “drogas legales”, y discriminar el consumo de “drogas ilegales”. Pero, como si fuera poco, también hay razones desde el análisis económico del derecho que sustentan que lo mejor para acabar con el narcotráfico es la legalización.
