Movilización y después…

POR MARIANO FORTUNA
@fortunamariano
marianofortuna@elsurdiario.com.ar 

La función básica del Estado es la provisión de seguridad y justicia. Nada más, nada menos. Todo lo demás puede discutirse a través del tamiz ideológico que a cada uno más le plazca. Si se debe brindar más salud o más educación, si tal o cual decisión es una buena o mala política, es todo debatible. La seguridad y la justicia no permiten debate, son funciones indelegables y responsabilidades inherentes al funcionamiento más primigenio del Estado.  La pregunta es: ¿Las brinda? Someramente, sería la respuesta.
 
Está claro que la cuestión de la seguridad es compleja. Uno de los principales problemas que obstaculiza  el trazado de políticas en este sentido  tiene que ver con la falta de incentivos y los exiguos réditos políticos que ofrece. La “invisibilidad” y sus efectos de largo plazo le quitan todo su atractivo en términos electorales. Las acciones de fondo, las realmente necesarias para promover cambios sobre esta problemática, se basan en decisiones políticas que no ameritan cortes de cintas ni actos públicos, no causan impacto inmediato, no admiten poses para los flashes. Por lo tanto, no suman votos. Y esa característica fundamental es las que la condena al ostracismo. Sin ir más lejos, nótese que las ciudades que han conseguido el desembarco masivo de Gendarmería son, justamente, aquellas que más caudal de votos presentan, perjudicando ostensiblemente a las ciudades con déficit de agentes policiales, las cuales son golpeadas por la mudanza del delito.
 
El desfasaje existente entre las política efectivas de seguridad y los resultados electorales, la licuación de responsabilidades sobre el tema, hacia arriba y abajo en el ordenamiento estamental del Estado, y una delegación de funciones que implica la provisión de una cantidad creciente de servicios  por parte de Estados locales con cada vez menos recursos, funcionan como un combo fatal a la hora de obtener resultados.
 
No obstante, aún sopesando debidamente la complejidad del asunto, lo que no debe perderse de vista es la cuestión de las responsabilidades. El hecho de que el público se haya volcado masivamente a las calles (y no es la primera vez que sucede) para reclamar soluciones, muestra a las claras que una gran masa de ciudadanos no encuentra disposición en los canales de Estado para resolver sus reclamos de acuerdo a las expectativas, y entonces, los esquivan.  Este es el motivo por el cual dejan sus casas y ganan la calle. Las manifestaciones callejeras de cuestiones que debería ser resultas por el Estado son una señal de que algo no funciona, que la representación se encuentra quebrada en alguna parte del recorrido del conducto entre el ciudadano y el aparato estatal.
 
El público no es ingenuo, bien sabe que las responsabilidades son compartidas entre poderes y niveles de gobierno. La intensidad, la repitencia, la violencia y los notables cambios de modalidad de la actividad delictiva no es una cuestión monocausal. El abaratamiento de los costos por delinquir no cabe bajo la sola responsabilidad de la Intendencia. Pero las acciones conducentes para que los vecinos de Villa Constitución puedan vivir tranquilos sí.
 
La movilización tuvo un pedido y un destinatario concreto, sin más, la ciudadanía exige que el Gobierno de Villa Constitución recupere la iniciativa política en materia de seguridad, algo que hasta el momento ha relegado por decisión u omisión. En este punto las excusas no sirven, el Gobierno cuenta con los medios de administración necesarios para ocuparse de estas cuestiones.
 
Por lo tanto, es función primordial de la dirigencia política local encontrar soluciones y hacerse de los medios necesarios para morigerar este flagelo. Si el argumento es que los recursos no alcanzan, el Gobierno debe golpear la puerta de quienes los tienen (léase Provincia/Nación), y si quienes los tienen se niegan a brindarlos, se tendrá que apelar al esfuerzo de los conciudadanos. Pero eso llamado debe bajar desde las esferas del Gobierno y no al revés. Debe ser la dirigencia política quien convoque a la ciudadanía cuando la solución a un problema así lo amerita, pues, de eso  trata la relación entre mandantes y mandatarios.
 
Movilización y después… queda flotando en el aire la sensación de un vacío de representación que nadie parece estar dispuesto a ocupar. Retumba detrás de este reclamo, y casi a manera de moraleja, la idea de que no cabe esperar que los problemas de la ciudad sean solucionados mágicamente por la divina providencia de otros órdenes de gobierno. Esta afirmación quizá no se ajusta al deber ser, pero sin duda es lo que la realidad muestra. Los problemas de la ciudad, deben ser resueltos por la ciudad,  esta administración y las que vengan deberán entenderlo así y actuar en consecuencia.
 
Muchos aspectos pueden delegarse, las responsabilidades no.