Manzana J: manual de ineficiencia

Por @fortunamariano

“No hay peor agricultor, peor comerciante, peor fabricante que el Gobierno; porque siendo estas cosas ajenas de la materia gubernamental, ni las atiende el Gobierno, ni tiene tiempo, ni capitales, ni está organizado para atenderlas por la Constitución, que no ha organizado sus facultades y deberes como casa de comercio, sino para el gobierno del Estado”.
Esta frase que Juan Bautista Alberdi soltó hacia mediados del siglo diecinueve, tiene un claro correlato en la administración de nuestro tiempo. Una afirmación que se hace eco en los innumerables casos, acaecidos en diversos niveles de Gobierno, donde la incapacidad, inoperancia, y la más grotesca irresponsabilidad a la hora de sopesar los verdaderos alcances de la maquinaria estatal, terminan de redondear una situación de fallas continuas que perduran en el tiempo, cuyos costos son cargados sobre las espaldas de la ciudadanía.
En este sentido, el caso de la Manzana J es paradigmático. Un Estado que a duras penas puede cumplir con sus funciones más básicas, esquilma los bolsillos de la ciudadanía para expandirse sobre esferas para cuyo manejo no tiene capacidad y termina convirtiendo un problema simple, en una situación compleja. ¿Acaso no sería más eficiente y justo, que el Estado, en vez de exigir el pago de impuestos para menesteres fuera de sus posibilidades, permitiera que ese dinero quedara en los bolsillos de los contribuyentes para que estos puedan resolver con su iniciativa y recursos sus propias necesidades, como por ejemplo, una casa? La delegación de compromisos que podrían tranquilamente cumplir un individuo, o un grupo de individuos por motus propio, tiene sus riesgos: que los problemas sobre los cuales se encomienda una solución, se resuelvan mal, o bien, no se resuelvan nunca.
En términos prácticos, las desavenencias ocurridas alrededor de la construcción de viviendas en la polémica Manzana J del ex barrio Girolami, además de ser un problema concreto y un dolor de cabeza constante para doce familias damnificadas, es una demostración de una supina incapacidad e ineficiencia del Gobierno Provincial y Municipal. Una sucesión de errores que son costeados hace más de quince años por el esfuerzo y los aportes de la comunidad villense. Y la demostración de que esto es así, no comporta un elevado ejercicio de erudición, sino la operación matemática más simple. Hagámosla.
Con el desalojo de las casas en condiciones de inhabitabilidad, las doce familias evacuadas fueron a parar a casas en alquiler, cuyo costo es solventado desde hace quince años por el erario municipal. Según lo expresado por los damnificados, el valor de esos alquileres ronda los cuatro mil pesos, pero seamos justos y consideremos la variación de los precios en todo este tiempo, pongamos un promedio de dos mil quinientos por cada casa alquilada. Multipliquemos $ 2.500 por 12 familias, por los 12 meses del año y por 15 años. Eso nos dará la friolera de $5.400.000 en concepto de gastos en alquiler (siendo generosos en el redondeo). A eso debe sumarse, $1.590.094 para la construcción de las nuevas viviendas para las personas evacuadas, más un costo adicional que debe aportar la Municipalidad.
Hasta ahora, tenemos un total de $6.990.094, pero la suma no termina allí, a ese número debe sumarse el costo de las viviendas evacuadas, que obviamente tuvieron un costo de construcción, y el posible pago de doce juicios por daños y perjuicios que los damnificados iniciaron contra el Estado Municipal y Provincial, que están pasibles de sentencia, pero no se conoce el monto.
Queda de tarea para cada uno analizar qué y cuantas cosas podrían haberse realizado en la ciudad con ese dinero dilapidado. Lamentablemente, la función pública se ha ido degenerando en una marcha sin pausa, aumentando su peso al consumir cada vez más recursos, y aligerando las exigencias de eficiencia y profesionalismo. Evidentemente, para cualquier funcionario con algo de poder, es fácil tomar decisiones apresuradas, livianas o erróneas, cuando el patrimonio que se pone en juego no es el propio. Mientras tanto, las responsabilidades se licúan en el tiempo, los errores se repiten, y los desaguisados son solventados por los exprimidos bolsillos de los contribuyentes. “Si se pusiera al gobierno a cargo del desierto del Sahara, en cinco años habría escasez de arena”, decía Friedman. Tristemente, en algunos casos, tiene razón.