Piden la adjudicación de 43 terrenos para familias en riesgo social

En un contexto donde el debate por el uso del suelo bajo control estatal domina la atención de la opinión pública, el proyecto de Moreyra insta al Ejecutivo Municipal y al Concejo a “entrar en etapa de definiciones” sobre la problemática habitacional que azota la ciudad. De esta forma, la iniciativa legislativa presentada desde la bancada radical, solicita la puesta en marcha de la adjudicación de una cantidad aproximada de cuarenta y tres terrenos, destinados a familias villenses en riesgo social, que sufren una probada precariedad habitacional. Los fundamentos centrales del proyecto apuntan a la elaboración de los planos de las viviendas a construir, la adjudicación, la autoconstrucción de la vivienda por parte de los adjudicados y el convenio de un plan de pagos con el Municipio por los terrenos cedidos.
 
Reubicación
Según consigna el Proyecto de Ordenanza en cuestión, y tomando en consideración  la necesidad de alinear acciones para regularizar el asiento irregular de pobladores sobre terrenos estatales, resulta conveniente destinar una cierta cantidad de terrenos (el equivalente a dos manzanas, aproximadamente cuarenta y tres terrenos) disponibles para la reubicación de familias en riesgo social. Según el informe, dicha maniobra estriba en “autorizar al Poder Ejecutivo Municipal a realizar los trámites pertinentes para lograr la adjudicación del remanente de terrenos existentes en la urbanización conocida como PROMEBA (Programa de Mejoramiento Barrial)”, la cual, originalmente fue destinada a la relocalización de los barrios Luján y Evita, dentro de los márgenes de barrio San Cayetano.
El orden de prioridades será evaluado “por las oficinas técnicas y sociales, favoreciendo, en primer lugar, a las familias en mayor riesgo social”.  Siguiendo el articulado del Proyecto, “la Municipalidad tasará el valor de cada terreno y lo venderá a las familias en riesgo social realizando planes de pago acorde a cada realidad; se promoverá el método de autoconstrucción; condición exigible para tener acceso a un terreno, y se proveerá a los adjudicados de un plano básico de la vivienda a construir, la que deberá ser de materiales, quedando expresamente prohibida la utilización de materiales precarios”. En vistas del cumplimiento de estos pasos,  “habiendo acordado los planes de pago y concluidos los mismos, la Municipalidad de Villa Constitución gestionará la escritura de los mismos a favor de sus adjudicatarios”.
 
Dimes y diretes
Luego de la exposición de los fundamentos centrales del proyecto, se abrió el juego para las opiniones de los concejales que, en términos generales, avalaron la propuesta. No obstante, la oposición discurrió en duros términos sobre la gestión del gobierno municipal en cuanto a la planificación territorial y estratégica de la ciudad. El edil del MUV, Miguel Ángel Pieretti, acusó la Municipalidad de “emparchar” con soluciones provisorias cuestiones “importantes para el desarrollo de la ciudad”, al tiempo en que señaló: “La descoordinación del gobierno municipal es preocupante, hace años que vienen mirando hacia otro lado, y ahora que el tema ocupa la plana de los diarios empiezan con medidas tomadas de los pelos; aún se pueden realizar acciones, pero es bastante tarde”.  A la alocución de Pieretti se sumó la voz de su compañero de banca, Carlos Alegre, quién disparó, “No atender durante tantos años el problema determina que ahora el problema nos lleve puestos; yo celebro la preocupación sobre este tema y que la comencemos a solucionar, pero el daño que se originó con tantos años de desorden, no va resolverse un día para el otro”.
Moreyra, por su parte, señaló la implicancia de las malas políticas macroeconómicas de los diferentes gobiernos nacionales como “generadoras de pobreza y marginalidad, que derivan en estas situaciones”, y remarcó que la no atención de la problemática no es exclusividad de este gobierno local, sino que “cuando el problema aún no era tan grande, en gestiones anteriores a la del actual gobierno, tampoco se tomaron las medidas necesarias, y se preguntó ¿Qué hubiese pasado si cuando en la barranca había doscientas personas se generaba un plan para reubicarlas? Seguramente no estaríamos hablando de esto hoy”. Cruzando las declaraciones de Moreyra, el concejal Federico Larrañaga se quejó:”Desde que tengo uso de razón, este tipo de problemas son siempre responsabilidad de la Nación y la Provincia. Creo que, de una vez por todas, la Municipalidad tiene que hacerse cargo y procurarse la capacidad de actuar por sí misma sobre los problemas de la ciudad”.