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Predio de la ex Cilsa: el caso paradigmático de la inseguridad en la ciudad. POR MARIANO FORTUNA.

El predio de la ex Cilsa, es desde hace tiempo objeto de variadas controversias. Siendo la inseguridad uno de los temas a resolver de forma más urgente, últimamente se ha puesto foco en las medidas adoptadas por el Municipio para controlarla. Una línea por la cual puede comenzar a rastrearse los rasgos del accionar de la administración local y las fuerzas de seguridad en ese sentido, no sólo en este predio, sino en la ciudad entera. Pues, lo que subyace aquí, es la notoria dificultad para la implementación de políticas públicas articuladas entre el gobierno y las fuerzas de seguridad que permitan usar de forma eficiente los recursos para un accionar certero y a largo de plazo, en lugares donde la problemática se presenta con más frecuencia y características particulares.
La última acción de la Municipalidad dirigida a atacar los crónicos problemas de inseguridad en el predio, fue la contratación de servicios adicionales de Policía, con el objetivo de recuperar el terreno perdido frente a los magros resultados conseguidos por las empresas privadas de vigilancia. El gobierno local ha justificado este accionar como una decisión enmarcada dentro de los límites de sus facultades, al tiempo en que apoyó la contratación de estos adicionales, sobre la necesidad de contar con personal apostado permanentemente en el lugar.
En este punto, si uno repasa cómo se fueron dando los acontecimientos, se llegaría a la conclusión de que no es una medida equivocada. Las empresas privadas de seguridad no tenían nada que hacer allí, pues no poseen la autoridad para disponer del uso de la fuerza necesaria para atender esta demanda. El hecho de que la Policía custodie el predio, ha reducido los hechos delictivos. No obstante, el análisis no debe quedarse allí.
Este tipo de medidas deberían ser un remedio de urgencia, pero no un tratamiento permanente. A pesar de que este problema no tiene nada de novedoso, lo lógico, sería que mientras se atiende las contingencias del caso, no se descuide la importancia que implica encontrar soluciones al largo plazo, que precisan de la labor conjunta de la Municipalidad y la Policía en el trazado de planes destinados a paliar la problemática.
Estamos hablando de un espacio público, y aunque la Municipalidad cuente con el dinero, eso no justifica que los contribuyentes deban, obligadamente, pagar dos veces por el mismo servicio. De esta forma, se cae en una lógica donde la existencia o no de seguridad, depende de la contratación de adicionales de esta fuerza, lo cual se inserta en una lógica desviada, que sienta peligrosos antecedentes.
El predio de la ex Cilsa cuenta con una superficie de 16 hectáreas. Es un espacio que se encuentra en el centro de la ciudad, delimitado y transitable. Los hechos delictivos que allí se suceden tienen casi siempre las mismas características, son robos y arrebatos perpetrados por prácticamente los mismos individuos, con una utilización cada vez más frecuente de armas blancas o de fuego, los cuales ingresan y huyen por el mismo camino (desde el frente costero), aprovechando los momentos en que el personal de guardia recorre otros puntos o se distrae.
Si en un lugar como este, con medianas dimensiones y una repitencia tan flagrante de delitos de calcadas características, no puede trazarse estrategias de acción que redunden en tranquilidad para la ciudadanía ¿Qué puede esperarse entonces del manejo de la seguridad en la ciudad entera? Pues, ¿acaso hay algo más intrínseco a la administración de seguridad por parte del Estado, que el reconocimiento de los lugares puntuales donde hay problemas y el trazado de las mejores acciones para solucionarlo?
La tarea no es fácil, por supuesto. La función pública está llena de dilemas, de una solución pueden abrirse múltiples problemas relacionados. A su vez, está a la vista que no es sólo un problema municipal. Es necesario que el gobierno provincial baje una línea por la cual la Policía deje de transitar andariveles tan alejados de los padecimientos de la ciudadanía y se comprometa a trazar planes conjuntos con el poder político. Aunque en ese sentido, es probable que con vistas a 2015, la cúpula provincial esté más preocupada por solucionar el conflicto en Rosario, que en Villa Constitución. No obstante, insistir sobre este tema ante autoridades superiores, es también responsabilidad de los funcionarios locales, pues este, es un problema que le compete a todos.

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