Fuerte debate en el Concejo Municipal por la seguridad en el predio de Cilsa

Mañana movida la de ayer, en el Honorable Concejo Municipal, donde la nueva conformación del cuerpo legislativo se topó con una orden del día cargada de asuntos, una cuestión también esperable luego del receso.
No obstante el debate más enérgico se planteó alrededor del predio de Cilsa, objeto de controversias varias en la ciudad desde hace mucho tiempo. En este caso, el asunto apunta directamente a la cuestión de la seguridad en dicho espacio. Pero no sólo a la parte operativa, al ofrecimiento de seguridad en un área pública, sino también a las cuestiones procedimentales y de forma en torno a este tema.
 
Dudas sobre las contrataciones
La discusión en la primera sesión ordinaria del período 2014, arranca a partir de un proyecto de resolución promovido por el MUV, donde se convoca al Secretario de Desarrollo Económico, Infraestructura y Empleo, Horacio Cucchiari, a una reunión con el fin de solicitarle explicaciones con respecto a la contratación de servicios de seguridad y vigilancia en dicho predio.
A partir de allí, los concejales del Movimiento de Unidad Villense, comenzaron a plantear su desacuerdo con la manera “unilateral” de accionar por parte del ejecutivo. Carlos Alegre, sostuvo que, en la ordenanza Nº 4256, sancionada el año pasado por el cuerpo del Concejo, se dictaminó que si bien se le permitía al Departamento Ejecutivo Municipal la contratación directa de la empresa Prosegur S.A para que prestara dicho servicios por el plazo de seis meses, con la posibilidad de una prórroga. Dicha extensión del contrato debía realizarse mediante un llamado a licitación, tiempo antes de que ese acuerdo venciera. Lo cual, según Alegre y sus compañeros de bloque, no sucedió nunca.
Por tal motivo, el arco opositor, al cual se sumó Federico Larrañaga en esta oportunidad, solicitó que se convoque a Horacio Cucchiari a los efectos de que explique los motivos del incumplimiento de dicho acuerdo, que derivó ya no en la renovación de las tareas de Prosegur, sino en la contratación directa de servicios de adicional de la policía de la Unidad Regional VI, que, desde el 1 de enero de 2014 es la responsable de la seguridad en el predio.
 
Si el predio es público
¿hay que pagar adicional?
 
Pero las críticas opositoras no terminaron en ese punto, el segundo eje del planteo circuló por el siguiente cuestionamiento: Si Cilsa es un espacio público, y la policía debe garantizar la seguridad en dichas áreas ¿por qué deben cobrar un adicional por hacerlo?
Sobre esa línea argumental, el concejal Alegre lanzó una pregunta retórica, interrogándose sobre qué pasaría si ante cada demanda o denuncia por inseguridad, habría que pagarle a la Policía para que actuara en cada caso. “¿Acaso no es su función?”, concluyó el edil.
 
El contrataque oficial
Quién recogió el guante de estas críticas fue Níver Moreyra, que se dio a la tarea de explicar parte la decisión ejecutiva sobre esta contratación, aunque subrayó que es verdad que al procedimiento le faltó “prolijidad”.  De esta forma, el concejal realizó un breve repaso por el desempeño de los prestadores de vigilancia en el predio de Cilsa. En primer término cuando no pertenecía al municipio, y la policía estaba a cargo de él,  fue desmantelado. Luego de eso, ante la ineficacia del accionar policial, vinieron las contrataciones de servicios privados que tampoco tuvieron un buen desenvolvimiento.
Derivando, en estos últimos meses, en la decisión de que la policía volviera a hacerse cargo de tales tareas, lo cual hasta el momento puede catalogarse como “satisfactoria”, según el concejal. En ese momento, Larrañaga volvió a salir al cruce de esas declaraciones, argumentando que según su opinión “a Cilsa no lo saquearon, lo dejaron saquear. Y en eso tuvo responsabilidad el estado municipal”.
 
“Fue una buena decisión”
Luego de esta intervención, Moreyra volvió a pedir la palabra, y concluyó su idea, “a mí me resulta curioso cómo ustedes miden con diferente vara las mismas cosas. A nivel nacional festejan las decisiones unilaterales del gobierno, como la vigencia de la Ley de Emergencia Económica, pero acá reprochan una buena decisión administrativa. Yo estoy de acuerdo que esto debería haberse hecho según lo acordado. Pero fue una decisión acertada, y eso está probado con la reducción de los delitos en el predio”.
 
Concluido el debate, quedó en el aire un idea tácita y evidentemente compartida, alrededor  de la pregunta de por qué los servicios de seguridad privada no funcionaron y ahora la policía sí. Sobre ese tema no se profundizó, pero el debate alimentó la suspicacia.