Comenzó a implementarse la nueva justicia penal en Santa Fe
Desde ayer comenzó a aplicarse en Santa Fe el nuevo sistema judicial, hecho que fue calificado por el gobierno provincial como “un mojón histórico que marca un antes y un después en la justicia penal de Santa Fe”. El sistema inquisitivo, escrito, caracterizado por la centralidad del expediente, quedará archivado, definitivamente; el nuevo modelo, en cambio, es oral y público en todas sus instancias, no sólo en el juicio. El proceso está a la vista de las partes y de la sociedad, lo que determina una justicia más ágil, transparente, cercana y, sobre todo, más comprensible y humana.
En el nuevo enjuiciamiento penal, la víctima de un delito o sus familiares, convidados de piedra en el sistema anterior pues no eran parte del proceso, pasan a ocupar el centro de la escena, porque pueden convertirse en querellantes y recibir respuestas más rápidas y acordes a sus necesidades. Otra novedad es que los fiscales se encargan de investigar y los jueces sólo tienen por obligación resolver, en función de las pruebas y elementos aportados por el Ministerio Público de la Acusación y la defensa.
Este histórico cambio reconfigura por completo la justicia de Santa Fe, poniéndola en consonancia con los principios que contiene la Constitución Nacional y los tratados internacionales. “De esta manera se salda una vieja deuda y se cumple con una asignatura pendiente que el Poder Ejecutivo asumió como política de Estado para articular con el resto de los poderes”, indicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis.
Ahora todo el proceso se desarrolla públicamente, a la vista de las partes y de la ciudadanía en general. El secretismo del sistema escrito deja lugar a la transparencia y la lentitud del expediente es reemplazada por la agilidad de la oralidad y por nuevos procedimientos administrativos. Las personas pasan a ser protagonistas. “Esta transformación implica un profundo cambio cultural, un nuevo paradigma y una nueva distribución del poder”, señaló Lewis, al frente del Ministerio que ha sido órgano de implementación de la reforma.
Nuevo sistema
El fiscal, representante de los intereses sociales, establece en cada caso si lleva adelante la persecución penal o no, y si resuelve hacerlo, reúne la prueba, prepara su caso, presenta la acusación y la sostiene. El defensor, representante de los exclusivos intereses de su defendido, reacciona frente a la pretensión del fiscal. El tribunal se expide, luego de oír a las partes, y procurando que se respete la ley en todo momento del proceso. Para garantizar esta nueva dinámica, se dictaron leyes complementarias al nuevo Código de Procedimientos, entre ellas las que crean el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, los cuales nuclean a fiscales y defensores respectivamente.
Además de estas instituciones, que pertenecen al ámbito judicial, se crearon otros organismos y reparticiones que suman funciones y desconcentran poder. Como los nuevos tribunales penales (ahora los jueces trabajan en colegios y no en juzgados, es decir que hay un pool de magistrados a quienes se les va asignando casos para que resuelvan) y la Oficina de Gestión Judicial, que organiza el sistema de audiencias y se encarga de todo lo administrativo. Por otra parte, el Poder Ejecutivo creó cinco Centros de Asistencia Judicial (CAJ) a lo largo de la provincia para asistir a las víctimas en situación de vulnerabilidad.
Los CAJ cuentan con oficinas de asistencia a la víctima y de mediación penal, un servicio público que surge como alternativa a la respuesta tradicional a los conflictos penales y permite alcanzar acuerdos reparatorios. Es que con el nuevo sistema, además de la tradicional sentencia “culpable o inocente”, es posible arribar a acuerdos y plantear salidas alternativas al juicio para una resolución real del conflicto. “Este modelo es jurídicamente más acomodado, con mayor versatilidad para resolver más eficazmente el conflicto, y también aparece con herramientas nuevas”, indicó en ese sentido Lewis.
Funcionarios judiciales
Para la designación de funcionarios, se realizaron concursos bajo las premisas de transparencia, excelencia, celeridad, regionalización y participación ciudadana. Actualmente se encuentran designados el Fiscal general, el Defensor provincial, cuatro de los cinco Fiscales Regionales (Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela) y los cincos Defensores Regionales (Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto). Es decir un total de 11 autoridades. Asimismo, han sido designados 105 funcionarios (66 fiscales y 39 defensores públicos), restando el acuerdo legislativo de 12 pliegos enviados a fines del año pasado para su designación (dos cargos de fiscales adjuntos y 10 de defensores públicos adjuntos). Tal como lo anticipó Diario EL SUR en su última edición, los fiscales del Ministerio de la Acusación en los Tribunales de Villa Constitución son las Dras. Valeria Pedrana y Analía Saravalli.
