López y De Souza irían a juicio por millonaria defraudación

El fiscal federal Gerardo Pollicita sostuvo que el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, defraudó a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos de modo “sistemático, deliberado y permanente” al estado Nacional, en beneficio de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Susa, ocasionando un perjuicio a la administración pública superior a los 8 mil millones de pesos.  

El predio de la ex Paraná Metal se encuentra dentro de los activos del Grupo Indalo.

El titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº 11, Gerardo Pollicita, solicitó la elevación a juicio oral y público de una primera parte de la investigación que tiene como imputados a Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián De Souza, por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública a través de maniobras vinculadas a la firma OIL Combustibles, así lo informó ayer el Ministerio Público Fiscal de la Nación a través de su sitio, Fiscales.gob.ar

López y De Souza fueron, como titulares del Grupo Indalo, también los gerenciadores de Paraná Metal desde 2009 hasta su cierre definitivo en noviembre de 2015. Por lo tanto, al ser la planta autopartista de Villa Constitución, parte de los activos de Indalo, se encuentran dentro de la causa que lleva adelante la justicia federal y esta situación sigue demorando el proyecto de convertir el predio en un parque industrial.

En su requerimiento de elevación juicio, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que los imputados le ocasionaron un perjuicio a la administración pública superior a los 8 mil millones de pesos. La causa está radicada en el juzgado federal N°10, a cargo de Julián Ercolini. Según la presentación del fiscal Pollicita, el objeto de la causa en estudio comprende los períodos de mayo de 2013 a diciembre de 2015.

Durante dichos años, los imputados habría montado una compleja maniobra delictiva por medio de la cual desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se estableció una matriz de corrupción en la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) con el objetivo de beneficiar a los empresarios Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa, y “enriquecerlos ilegítimamente a expensas del erario público”.

En este sentido, el fiscal explicó que López y De Sousa -como titulares del Grupo Indalo- utilizaron “$8.926.740.758,91que habían recaudado de los consumidores en concepto de ICL, direccionando la mayor parte hacia otras empresas del grupo, para que desde allí, a su vez, luego los fondos fueran en algunos casos utilizados, en otros re-direccionados hacia distintas sociedades e inversiones dentro del mismo grupo, o bien como se investiga en las causas conexas n° 11.352/14 y 3732/16 encausados a favor de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández y sus hijos”.

 

La modalidad

Para la Fiscalía la maniobra ilícita consistió en un circuito diseñado y puesto en marcha por el entonces titular de la AFIP, junto a otros funcionarios del organismo, por medio del cual no se exigiría a la empresa petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa -OIL Combustibles-, el pago del ICL, “permitiendo que se acumularan sumas miles de veces millonarias de deuda con el Fisco y que frente a esta situación se le concedieran en forma ilegítima planes de facilidades de pago de índole general y particular, lo que generó una deuda a favor del Estado Nacional superior a los 8 mil millones de pesos —$8.926.740.758,91-

En simultáneo, López y De Sousa retiraban las sumas que eran percibidas pero no depositadas al Fisco y las entregaban en concepto de préstamos tanto a ellos mismos, como a otras empresas del grupo, esto les permitía aumentar su patrimonio, expandir su conglomerado societario financiándose “espuriamente con los fondos públicos y descapitalizar a la firma que era deudora del Estado, merced del acuerdo ilícito con los funcionarios nacionales”.

 

Embargos

Además del pedido de elevación a juicio, el Ministerio Público Fiscal le requirió al juez Ercolini que se hagan efectivos los embargos a los bienes de los imputados, disponga dicha medida cautelar respecto de las empresas beneficiadas con la maniobra delictiva investigada y ordene el secuestro, depósito y administración judicial de los bienes muebles, así como también, que ordene la tasación de la totalidad de los activos individualizados, todo ello de conformidad con lo requerido por la fiscalía el pasado 23 de febrero de 2018.

 

 

 

 

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