El próximo martes está prevista una audiencia en el Concejo Municipal entre los ediles y los titulares de Gilli Inmobiliaria para que estos informen sobre su actual situación empresarial y sobre los avances de obras en el Loteo Villa Don Carlos. Esta reunión se desarrollará a partir de las 9 y tiene su origen en un pedido de informes presentado por el bloque del MUV tras difundirse por versiones periodísticas de medios de Funes y Rosario que los empresarios mencionados no contaban con la matrícula habilitante para el desarrollo de su actividad.
El presidente del Concejo, actualmente a cargo del Departamento Ejecutivo, Níver Moreyra, visitó el martes el programa de Visión Sur, “A la Mesa”, y allí ahondó en detalles sobre esta controversia. “En realidad lo que pasa es que quienes representan a esa inmobiliaria eran corredores inmobiliarios por el hecho de ser, no tenían una matrícula como exige la ley ahora que, o son corredores inmobiliarios o son martilleros. En Villa Constitución teníamos inmobiliarias en esa situación y que trabajaron toda la vida. Ellos apelaron esta nueva legislación que tiene la provincia, peo eso es una discusión a nivel provincial”, explicó Moreyra.
En cuanto al efecto sobre Villa Don Carlos puntualizó que “esto lo administra Gilli y está el fideicomiso, que nada tiene que ver, como figura, con lo que es la inmobiliaria. Allí hay fideicomisarios los cuales todos aportan y que si dejan de pagar, el fideicomiso se cae, obviamente la obra no se hace y el loteo no se va a hacer”. Por lo expuesto pidió “ser muy prudentes en este tipo de información” y señaló que “la inmobiliaria sigue administrando, sigue estando al frente de los lotes y lo van a aclarar el martes en el Concejo”.
Agregó que “hay que aclarar otra cuestión: el Municipio le puso un plazo de 540 días para terminar con las obras de infraestructura que hace el loteador, en este caso el fideicomiso” en ese lapso debe completar el tendido de agua corriente, cloacas, apertura de calles públicas, red eléctrica y cordón cuneta. De todas maneras indicó que el Municipio ejerce su poder de policía para velar que las obras se cumplan y para ello tiene en caución “una determinada cantidad de lotes que figuran en el valor de obra”.
Por otra parte agregó que dilató el inicio de las tareas la nueva legislación provincial sancionada una vez que se inició el loteo que obliga a realizar un estudio de impacto ambiental ante este tipo de emprendimientos inmobiliarios.
Efecto colateral
Asimismo Moreyra destacó que las bondades del loteo van más allá de haber posibilitado a 900 fideicomisarios acceder a un terreno propio. “Antes que se produjera el advenimiento de Villa Don Carlos, los lotes no se financiaban en Villa Constitución, superaban los 40 mil dólares de valor y este loteo posibilitó vender lotes a 12 mil y 14 mil dólares, financiados; y después se empezó a financiar. Ese es un beneficio extra, un efecto colateral”, puntualizó.
Finalmente aseguró que “a veces no vienen inversiones a la ciudad porque generamos algún tipo de dudas con este tipo de declaraciones que hacemos, y la verdad que cualquier persona de afuera que ve que no podemos o no brindamos la seguridad jurídica necesaria, se pregunta: ‘Qué pasa en esta ciudad’. Por eso hay que ser muy prudentes”.
